El actual Estatuto de Autonomía supone un avance sustancial respecto al que en su momento dio origen a la Comunidad Autónoma de Cantabria. No obstante, a nuestro juicio, es susceptible de ser mejorado, de ser ampliado. Cantabria, y más concretamente, la clase política ligada a los partidos estatales que en Carmona selló el pacto que se tradujo en la Ley Orgánica 11/1998 que aprobaba la reforma estatutaria, no aprovechó la ocasión de enmendar al alza nuestro texto autonómico.

El pacto de Carmona adoleció, a nuestro juicio, de tres aspectos negativos. Por un lado no situó a nuestra Comunidad en una legítima posición de incidencia en el inicio de un debate -que trascendía a la propia Cantabria- sobre la remodelación del nuevo marco del Estado y que anticipó, como hoy comprobamos, soluciones políticas inspiradas en el federalismo; en segundo lugar porque la reforma se enmarcó en un contexto de cumplimiento a rajatabla del pacto autonómico suscrito entre PP y PSOE y que propició una limitación evidente al autogobierno; y por último porque esa reforma no alcanzó los límites de aquellas CC AA que accedieron a su autonomía por el artículo 151, ni a las que, con un nivel similar a Cantabria, negociaron sus estatutos al alza, como Aragón, Canarias, Castilla y León o Asturias.

Transcurridos ocho años, la coyuntura experimentada y el contexto actual abren de nuevo una posibilidad histórica, la de atender definitivamente a las necesidades de autogobierno que necesita Cantabria y ello por un doble motivo. En primer lugar porque, como cantabristas, nosotros consideramos irrenunciables los derechos que como pueblo nos puedan corresponder y, entre ellos, se encuentra el del reconocimiento de Cantabria, del pueblo cántabro, como un sujeto político que tiene la obligación de salvaguardar su propia identidad. Y en segundo lugar porque existe una íntima relación entre el autogobierno y el bienestar de la ciudadanía. Nosotros vemos el Estatuto de Autonomía como una de las herramientas fundamentales, sino la más trascendente, que se deben utilizar para conseguir el mayor progreso de una sociedad. En la medida en que dotemos de contenido al Estatuto, mayores serán las posibilidades de llevar a cabo la práctica de políticas autónomas, desde centros de decisión propios y atendiendo a las necesidades específicas.

Queremos reabrir el debate reformista en Cantabria y, para ello, hemos presentado nuestra aportación siendo conscientes de que el nuevo mapa político emanado de las pasadas elecciones autonómicas y estatales ha propiciado un clima político más fluido y favorable a los estudios sobre las modificaciones estatutarias. El propio presidente Zapatero anunció, en el pasado debate sobre el estado de las autonomías, la posibilidad de dotar de más autogobierno a las CC AA, la reforma del Senado, la mejora en los instrumentos de coordinación de los gobiernos autonómicos con el Estado y los cambios en la financiación autonómica.

Pero queremos dejar claro también que, a pesar del clima general, la apertura del debate que planteamos no es ni caprichosa ni como consecuencia de ese contexto generalizado de reformas en otras comunidades.

No pedimos reformar el Estatuto porque sí, por ser como los otros, por cuestiones meramente formales. En eso no consiste la autonomía ni el autogobierno. Como cántabros queremos que, sin ser tratados con preferencia, tampoco lo seamos con dejación, queremos tener cuando menos, las mismas posibilidades que el resto de territorios. Y como cantabristas queremos que nuestro pueblo busque su propio devenir en el contexto que le rodea.

Para ambos puntos de vista necesitamos un ordenamiento jurídico específico que no nos limite más que en lo estrictamente necesario. Por eso vemos la modificación estatutaria como un instrumento más, el más importante, en la propia construcción de Cantabria.

Y a ese instrumento no se le pueden poner frenos ni cortapisas. Creemos que Cantabria debe aspirar a lo máximo para luego comenzar a desarrollar el contenido estatutario en función de su propio ritmo, de las necesidades que vaya requiriendo el propio pueblo cántabro. El hecho de exigir nuevas competencias no supone para nosotros, en consecuencia, el traspaso inminente de las mismas, pero sí la posibilidad de disponer de ellas según nuestras necesidades y no dependiendo de lo que el Estado quiera en un momento delegar en función de la ideología del partido que gobierne.

Desde ADIC consideramos que es necesaria esa reforma partiendo de tres premisas, por un lado remarcando nuestra identidad, por otro ampliando nuestro autogobierno y, por último, mejorando nuestro sistema de financiación atendiendo a las peculiaridades de nuestra realidad. Y, desde nuestro punto de vista, la reforma sí es prioritaria, porque hablamos de dar mecanismos para mejorar nuestra sociedad. ¿Tan nocivo e inoportuno es en Cantabria, señores socialistas y populares, y tan positivo y democrático en otros lugares? Como cántabros queremos que, sin ser tratados con preferencia, tampoco lo seamos con dejación, queremos tener, cuando menos, las mismas posibilidades que el resto de los territorios.