La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) exigió al Gobierno regional y a los ayuntamientos afectados el cumplimiento de las sentencias de derribo de edificaciones ilegales «sin trabas ni demoras».

En un comunicado, la asociación consideró que «el cumplimiento de la legalidad en materia urbanística debe ser absoluto» en todo el territorio. Así, advierte que «una presunta legalización» de las viviendas afectadas por este tipo de sentencias, «sería una grave traición a los intereses generales de Cantabria, en la medida que supondría un peligrosísimo precedente, perpetuando la corrupción y el caos urbanístico imperante desde hace décadas».

Para ADIC, tanto el Gobierno de Cantabria como los responsables municipales de los núcleos afectados por sentencias de derribo, deben «asumir de manera íntegra e inmediata», la ejecución de los fallos judiciales. La asociación entiende «como un acto de gravísima irresponsabilidad tratar de dilatar en el tiempo o eludir» los derribos.

Lo contrario supondría, asegura ADIC, «una clara señal al mundo especulativo de la comunidad autónoma, interpretable como que el incumplimiento de la ley en este tipo de materias sigue sin implicar el más mínimo castigo ni sanción».

ADIC también manifestó su «rechazo frontal» a la figura de Plan Singular de Interés Regional para la creación de campos de golf.