EL Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha presentado el Barómetro Autonómico consecuencia de en un estudio demoscópico elaborado el pasado mes de diciembre. Estos trabajos siempre hay que mirarles en su conjunto para elaborar un diseño tipo de lo que la información nos traslada y, en este barómetro concreto, también. Se pueden sacar muchas conclusiones, pero una nos llama poderosamente la atención. En una pregunta directa sobre la posibilidad de reformarse el Estatuto de Autonomía de Cantabria; los cántabros opinamos en un 2.3% que es muy necesario, en un 20.9% que es bastante necesario, ya un 29.8% que es poco necesario y un 18.1% que es totalmente innecesario; el resto, un 28.9% prefiere no pronunciarse.

Para valorar estos datos debemos situarnos en un escenario que plantea varias premisas, destacando sobre manera el hecho de que ninguno de los partidos políticos cántabros mayoritarios se muestre excesivamente partidario de la reforma: ni PP ni PSOE se muestran receptivos, más bien lo contrario -incluso lo rechazan de plano-, mientras el PRC expone una cautela vigilante. El debate en Cantabria no se produce, se relega a otros momentos por no considerarse prioritario y nuestra comunidad, junto con la madrileña, es la única donde este asunto aún no se ha tratado de ninguna manera, ni siquiera para disimular.

Se debe destacar además que, consecuentemente, en el debate político el asunto en cuestión es prácticamente tabú, por lo que su tratamiento en los medios de comunicación es totalmente nulo. Además, el muestreo se lleva a cabo en diciembre, mes en el que se encuentra el debate sobre la reforma estatutaria catalana y valenciana en pleno apogeo y cuando aún ninguna fuerza cantabrista ha propuesto firmemente la reforma.

Pues bien, analizando la globalidad de los datos, hay un porcentaje interesante de personas que se muestran en total desacuerdo con la reforma, aunque siempre por debajo de la media estatal que se sitúa en un 20.1%. En Cantabria hay menos personas que consideran innecesario el debate que en comunidades como Andalucía, Baleares, Extremadura, Murcia o Navarra, por citar algunas, que ya han iniciado sus reformas e incluso en algunas, como el caso de la andaluza, con mucho debate y difusión, hasta el punto de convertirla en referencia. Además, los porcentajes en Galicia, Aragón o Asturias, son escasamente más bajos que en Cantabria, cuando en ellas son los propios gobiernos los que abiertamente plantean las reformas estatutarias.

Por otro lado, se puede observar que es un tema un tanto complejo para los cántabros, quizás por no tener la suficiente información o por no ver representados sus deseos por la clase política, porque casi un treinta por ciento no sabe qué contestar, ni a favor ni en contra, muy por encima de la media estatal cifrada en el 21.8%, siendo junto con Andalucía y Castilla-León las tres comunidades que mayor porcentaje expresan en ese ítem. El porcentaje es muy similar a los que ven el asunto como algo poco necesario, pero en este dato destaca que Cantabria enseña un resultado muy similar a Valencia, Baleares o Asturias, autonomías que tiene sus propuestas muy avanzadas o incluso, como en el caso de la primera, que ya están tramitándose en el Congreso.

Además, el barómetro hace otras preguntas muy interesantes que nos vienen muy bien para completar el estudio en el caso de que se opte por una reforma estatutaria en Cantabria. Preguntados por una serie de objetivos, los encuestados se muestran partidarios de incrementar las competencias del gobierno autonómico en un 47,9% frente a un 21,6% que son contrarios; en relación a que todas las decisiones importantes se tomen en la propia comunidad , un 48% lo ve necesario frente al 23,6% , y si se pregunta que la propia Comunidad pueda intervenir en los temas europeos que le afecten un 44,6% responde afirmativamente contra un 19,1% que muestra su opinión de manera inversa.

Por último, el 23,2% contesta de manera positiva y concluyente a la necesidad de reformar el Estatuto y casi la misma cifra optan por una Agencia Tributaria propia.

A la vista de estos datos y teniendo en cuenta el contexto específico cántabro, los resultados demuestran de manera inequívoca que la ciudadanía cántabra es proclive a una reforma estatutaria. Y ello por varios motivos.

En primer lugar porque hay que tener en cuenta los parámetros fundamentales e inevitables que ya hemos mencionado, como la falta de apoyos concluyentes y firmes en torno a este asunto por parte de los partidos mayoritarios, con la subsiguiente des-ubicación del debate autonómico fuera de las principales noticias políticas, o el escaso porcentaje -por debajo de la media estatal- de personas que no quieren modificarle de ninguna manera. Además -insistimos-, porque junto con Madrid, Cantabria es la única Comunidad que aún no ha afrontado el debate reformista y, aún así, presenta índices de reforma muy superiores o similares a Comunidades que están afrontando las suyas con gran debate político y mayor prodigalidad en los medios de comunicación, como pudiera ser el caso de Andalucía, Valencia, Galicia o Aragón. Y a esto se añaden los resultados abrumadores que los encuestados muestran en el supuesto de reformarse el Estatuto, en donde los cántabros apuestan claramente por el aumento del autogobierno y por la toma de decisiones importantes en la propia Cantabria, por delante también de Comunidades que ya están afrontando sus reformas y en un claro ejemplo de saber en qué consiste la autonomía y hasta qué nivel de autogobierno se debe llegar.

Por último, un porcentaje bastante importante, una cuarta parte de los encuestados, un 33% de los que se expresan en torno a este asunto, tienen muy claro que se debe reformar el Estatuto. Es una respuesta espontánea, sin ningún apoyo político, en un mes donde ni siquiera propuestas como la de ADIC se habían presentado, sin debate político, con el rechazo al mismo y, consecuentemente, a la reforma por parte de los partidos estatales, con hastío por la prolongación en el tiempo del proyecto catalán... y aún así casi una cuarta parte de los cántabros se muestra partidaria de reformar el Estatuto, y en caso de plantearse abiertamente la reforma, los porcentajes sobre las apetencias de cómo y hasta dónde debe llegar el autogobierno son determinantes y ejemplarizantes, planteándose competencias como una Agencia Tributaria propia también una cuarta parte de la población, en un asunto que nadie salvo ADIC ha demandado públicamente.....¿qué más se puede decir?

Los resultados del estudio del CIS suponen una advertencia seria a nuestra clase política en el sentido de que el pueblo está muy por delante de aquella en cuanto a las reivindicaciones de autogobierno se refiere. Con todos los condicionantes en contra, surgen muchas preguntas. ¿Cuántos ciudadanos optarían por la reforma si realmente se debatiera sobre ella si ya un 23% se posiciona a favor sin hablarse prácticamente nada de la misma? Estamos seguros que el porcentaje aumentaría espectacularmente porque el pueblo lo tiene muy claro, sabe qué quiere y hasta dónde quiere llegar.

¿Hasta cuando habrá que esperar para que se abra de una vez la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento cántabro?