El Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido refrendado por los catalanes. Por fin se ha concluido un proceso importante, trascendente e histórico que muy probablemente marque un antes y un después en el modelo de Estado tendente a facilitar las relaciones entre el centro y la periferia y proclive a profundizar en el autogobierno de las comunidades. A partir de ahí, atravesando la puerta abierta por Cataluña, otras autonomías entrarán en ese proceso de reformas, y según algunos políticos cántabros, la hora de nuestra comunidad ya ha comenzado. A pesar de la timidez y contradicción de populares y socialistas, a pesar de su doble lenguaje, a pesar de no establecerse como prioritaria por mil y un excusas, la reforma estatutaria cántabra acabará produciéndose. Y, como en otros muchos aspectos de la vida, es preferible asomarse al escenario con determinación que con timidez.

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de un Comunidad Autónoma. En él no sólo se regulan los poderes, la definición, la simbología, la territorialidad o demás asuntos sino también las relaciones de la misma con al entidad superior, el Estado y la capacidad normativa que en cuanto a determinadas materias posee la Comunidad para gestionar la vida diaria de la sociedad. Es por ello que un Estatuto de Autonomía no es sólo importante sino que a veces es lo único importante junto a la capacidad de la clase política para poder gestionarle, desarrollarle y concretarle.

Todo esto quiere decir a grandes rasgos que cualquier plan, proyecto o estrategia que se quiera implantar desde Cantabria, por los dirigentes políticos cántabros, cualquier política o modelo de desarrollo, cualquier iniciativa que redunde en el bienestar de la ciudadanía, pasa por el Estatuto de Autonomía. La construcción de una carretera, de una vivienda, la instalación de industria, el acceso a la sanidad, a la educación, el comercio, el pago de impuestos... casi todo se regula desde Cantabria porque la comunidad tiene capacidad para legislar sobre ello. A modo de ejemplo, el Plan de Gobernanza presentado por el Gobierno -críticas o alabanzas aparte- es una muestra de la aplicación del Estatuto a la vida diaria y si no se incide en otros aspectos o se marcan unas pautas determinadas es precisamente porque no se tiene competencias en alguna materia.

Por tanto, la reforma del Estatuto, la ampliación del autogobierno, la asunción de nuevas competencias, las modificaciones en los aspectos básicos como pudieran ser la financiación o la justicia, son cuestiones prioritarias a la hora de establecer los pilares fundamentales de un modelo de comunidad. Y eso es así porque la prioridad de un Gobierno es dotarse de las herramientas necesarias -competencias- que permitan llevar a cabo determinadas actuaciones -legislación, iniciativas parlamentarias...- para conseguir un fin concreto -el mayor bienestar para la ciudadanía-.

Ahora bien, las herramientas sólo se consiguen cuando se exigen o cuando se otorgan y, además, no se puede estar continuamente pidiendo o aceptando sin un criterio preestablecido de responsabilidad y solidaridad. Por eso muchos afirmamos que es preferible dotarse de un marco lo suficientemente amplio como para poder manejarse con comodidad y marcar por nosotros mismos los tiempos en el autogobierno -una cosa es modificar el Estatuto y otra llevar a la práctica la reforma-, entre otras cosas para no estar continuamente reformado el Estatuto.

Esto es, mantener una actitud activa, valiente, decidida y dinámica frente a la falta de pulso, de inquietud, la timidez o el mantenerse a la expectativa que es sinónimo de una actitud irresponsable que muchos han practicando durante décadas por su escaso compromiso con Cantabria y su falta de proyecto fuera de la terciarización turística y de la especulación urbanística.

Por parte de los partidos estatales -sobre todo el PP- se nos dice que la reforma cántabra no es prioritaria porque nuestro texto tiene el autogobierno equiparable a las autonomías llamadas 'históricas' y porque hace relativamente poco se ha reformado. Sin embargo, reformado el catalán, con un estatuto vasco amplísimo, con el gallego llamando a las puertas, con el valenciano y andaluz ampliando de manera clara el autogobierno, Cantabria está de nuevo rezagada; y poco sirve poner de excusa que hace ocho años realizamos la reforma porque lo mismo hizo Aragón o Baleares y ambas comunidades están en pleno proceso o incluso con un proyecto acordado, como el caso balear.

En consecuencia, por definición, por necesidad y porque el escenario está como está, la reforma cántabra ya es prioritaria. En el debate sobre política general de ayer, el presidente cántabro realizó un gesto, una declaración de intenciones, que va más allá de lo comprometido en discursos anteriores -participación activa en el debate y compromiso de reforma a medio plazo- y que debe pasar por la puesta en marcha de esa comisión de expertos que tanto tarda en constatarse y que además concluya en la apertura de la comisión parlamentaria necesaria para canalizar el debate político, a pesar de la aritmética parlamentaria, de la falta de escaños necesarios para aprobar una reforma -los dieciocho escaños populares lo impedirían en caso de perpetuarse en el discurso beligerante-, y preparando el terreno para una reforma que ya sí se puede considerar prioritaria.