La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) cree que esta legislatura debe avanzar en la mejora de la administración para hacer de Cantabria una Comunidad al servicio de los cántabros. En este sentido valora positivamente la intervención del Consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, en comisión parlamentaria en lo relativo al desarrollo de la Protección Civil y Emergencias y la puesta en marcha de un entramado normativo para cargos y empleados públicos que acerquen al ciudadano la administración y que mejore la relación entre esta y el administrado. De esta manera cobra especial importancia la asunción de competencias en justicia, un nuevo reto para nuestro autogobierno que incide directamente en el día a día de los ciudadanos.
ADIC continúa valorando las intenciones de los consejeros de cara a los próximos cuatro años y, en lo que se refiere al titular de Presidencia y Justicia, Sr. Mediavilla, la asociación cree que su actividad viene marcada por la puesta en práctica de las competencias de justicia. La responsabilidad de estas nuevas competencias implica poner en juego de nuevo la capacidad de nuestra Autonomía para satisfacer a sus ciudadanos por lo que las expectativas de mejora que tienen los cántabros deben ser colmadas. Desde ADIC se exige por ello la aplicación de un esfuerzo que el Consejero deberá asumir con todas las consecuencias, dotando los medios necesarios para no frustrar las esperanzas que miles de cántabros tienen en el desarrollo de un servicio que en la actualidad funciona de manera deficiente.
Además, ADIC cree que en materia de protección civil y emergencias el balance es altamente positivo con la apertura de los Parques de Emergencias Comarcales, más si se tiene en cuenta la herencia de los veinte años anteriores. La nueva situación ha ayudado a poner en vías de solución un servicio público imprescindible como es el de la seguridad y a consolidar la idea de gestión autonómica, prestigiando nuestro propio autogobierno y cambiando por completo el concepto que se tenía de la seguridad en el ámbito de las emergencias por la incompetencia y nula gestión de gobiernos anteriores. No obstante, y en aras a mejorar la seguridad y su coordinación, es necesario plantearse el desarrollo competencial en esta materia que aún está previsto en nuestro Estatuto y una mayor coordinación con la Dirección General de Administración Local dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Empleo hasta el punto de desgajar alguna competencia de esta a favor de la Consejería de Presidencia.