5 - octubre - 2007

 La necesidad de una radiotelevisión pública en Cantabria.

Bernardo Colsa LLoreda. Presidente de ADIC.

La Constitución Española en su artículo 20.3 afirma que una ley regulará la organización de los medios de comunicación social públicos y garantizará el acceso a ellos de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad. Este artículo trajo consigo la Ley 4/80 del Estatuto de la Radio y la Televisión que dio origen a su vez, a un conglomerado de normas que garantizan todas ellas la información y participación política de los ciudadanos, la formación de la opinión pública o la cooperación con el sistema educativo entre otras cosas.

La concepción de la radiotelevisión como servicio público responde a la defensa de unos objetivos que la propia legislación indica: el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz, la limitación de esa libertad en atención a derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, el respeto al pluralismo social, el derecho a la libertad, la igualdad ante la ley y la no discriminación y la garantía de la educación y la formación de los ciudadanos y consumidores.

Fruto de esta conceptuación y, en desarrollo de la propia legislación, se aprobó la Ley 46/1983 que regulaba las televisiones autonómicas. Así han surgido entes públicos en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas salvo La Rioja, Castilla y León y Cantabria.

En la medida que fueron pasando los años se estancó la estructura del ente y se llegó a un desproporcionado endeudamiento que obligó al gobierno a impulsar el Plan de Saneamiento y Futuro de RTVE. Este proyecto consiste, en líneas generales, en tratar de reconducir la astronómica deuda del ente público replanteándose contratos, personal, equipamientos y producciones y reformando la propia estructura excusándose en la existencia de televisiones autonómicas, pues no tiene sentido que los centros territoriales actúen como competidores de las televisiones autonómicas y locales públicas.

De esta manera se plantea que los Centros Territoriales queden como meros 'abastecedores' de información hacia un poder más centralista con desconexiones de contenido informativo, tanto en radio como en televisión, ajustando contenidos y plantilla.

¿Qué consecuencias trae para Cantabria esta situación? Debemos responder en función del conocimiento de lo que hoy en día es nuestra realidad. En Cantabria existe un apagón informativo en numerosas horas del día, por no hablar del eclipse prácticamente total que se produce en fin de semana. Aunque existen abundantes televisiones locales y emisoras de ámbito autonómico y generales con desconexiones periódicas, estamos predestinados -si no se remedia- a los criterios del mundo privado. No existe radiotelevisión autonómica ni servicio público suficiente que cubra los vacíos de los medios privados, con lo que no se puede garantizar el derecho constitucional de acceso a la información.

Esa situación se debe revertir y el Plan de Saneamiento para Cantabria, no es precisamente la solución, sino más bien un agravamiento del problema. Los ciudadanos cántabros no podemos vivir desinformados, no podemos ser prácticamente los únicos ciudadanos del estado que vivimos sin medios de comunicación públicos y no lo queremos. Así se ha puesto de manifiesto además en los sucesivos estudios elaborados por el Consejo Asesor de RTVE en Cantabria de manera reiterada.

El Gobierno cántabro no puede dar la espalda a esta situación ni a los deseos de su ciudadanía. De esta manera, se deben habilitar los canales de diálogo necesarios para que Cantabria tenga un tratamiento específico por su singularidad -por no tener radiotelevisión autonómica- siendo conscientes que RTVE debe realizar ese proceso de reconversión, se debe exigir que no sólo se mantengan, sino que se intente ampliar el espacio radiofónico y televisivo cántabro, negociando en su caso la posibilidad de compartir instalaciones, licencias y frecuencias. Hay múltiples fórmulas. Desde la cesión de Radio 5, hasta la ampliación de las desconexiones con el consiguiente aumento de producción propia, o la emisión a través de la TDT de información autonómica, pues recordemos que si la actual imposibilidad de desconexión territorial por parte de RTVE se mantiene más allá de la desaparición de la televisión en analógico, se incumpliría el artículo 13 del Estatuto de la Radio y la Televisión, que exige la elaboración y emisión de programación específica para la pluralidad de nacionalidades y regiones que conforman el Estado. Además, se pueden dar nuevas competencias al Centro Territorial, como proporcionar en régimen de pool imágenes y sonidos para las empresas privadas, esto es, trabajar a modo de agencia pública cántabra de radio televisión para colaborar con el resto de medios y completar su función pública.

No decimos que haya que apostar decididamente por la Radiotelevisión Autonómica Cántabra pero sí por impulsar el derecho a ser informado desde medios de comunicación públicos como cauce de la expresión cultural de los cántabros y como medio imprescindible, plural y objetivo para la vertebración territorial de nuestra Comunidad.

Nuestra tierra, tan marginada en muchos otros aspectos, no debe también verse privada de un servicio público y gratuito de información. En Cantabria, sin radio ni televisión autonómica, RNE y TVE son los únicos medios públicos audiovisuales al servicio de los ciudadanos y uno de sus principales referentes informativos, cubriendo un espacio insustituible cuya preservación y desarrollo es tarea y responsabilidad del Gobierno Cántabro. Sólo por coherencia y criterio a parte de por la cantidad de dinero público que año tras año aporta al Centro Territorial y al Consejo Asesor, la reivindicación del mantenimiento de una estructura autonómica del ente público singular y específica para Cantabria es, más que una necesidad, una obligación.