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Fecha: 18/12/2000 Tipo: ARTÍCULO DE OPINIÓN

LOS PRESUPUESTOS Y LA DEUDA HISTÓRICA.

 

   7 - Noviembre - 2007

  LOS PRESUPUESTOS Y LA DEUDA HISTÓRICA.

Ramón Oti Gandarillas (Miembro Junta Directiva de ADIC).

 

Creemos que hablamos en nombre de la práctica totalidad de los cántabros cuando afirmamos sin rubor que Cantabria es maltratada constantemente por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sobre todo en lo que al apartado de Fomento corresponde. Y creemos también que la reciente presentación del proyecto para 2008 viene a corroborar ese aserto, por mucho que algunas voces adornen con espectaculares adjetivos las bondades de un proyecto que no resuelve los estrangulamientos infraestructurales que nuestra Comunidad arrastra: incompleta o inexistente conexión a través de vías de gran capacidad ferroviarias y de otro tipo a lo largo del Cantábrico y con la Meseta, puerto y aeropuerto sojuzgados y condenados al ostracismo, infraestructura ferroviaria anquilosada y sobredimensionada en lo que se refiere a las cercanías...

Es lo que habitualmente todos hemos pasado a denominar "deuda histórica", esto es, la carencia continuada en el tiempo de inversiones públicas estatales destinadas a eliminar los estrangulamientos endémicos que lastran el desarrollo.

A pesar de no ser muy utilizado el concepto políticamente hablando es, sin embargo, algo en lo que todos los partidos están de acuerdo, tanto para decir que está en vías de estar saldada como para afirmar que no va a ser así; usando o no el concepto "deuda histórica" ora unos, ora otros, siempre se afirma que los presupuestos son insuficientes y no colman las expectativas por un lado, y que son positivos y suponen un avance por el otro. Y si se intercambian los papeles, se comprueba además que las declaraciones son las mismas. Se pueden citar decenas de ejemplos: en 1998, con una cifra de 17.000 millones de pesetas el entonces presidente Sieso decía que la cifra era muy positiva y que las cuentas recogían 'ampliamente' las peticiones e inquietudes de Cantabria. Hoy, con más de 425 millones de euros (setenta mil millones de pesetas) el mismo Sieso dice que son un insulto y una bofetada para todos los cántabros. O las acertadas palabras de la diputada en Cortes en 2001, Dolores Gorostiaga que, sobre los presupuestos para ese año, afirmaba que Cantabria seguía siendo maltratada por el Gobierno del PP entre otras cosas en infraestructuras ferroviarias, asegurando que Cantabria y el norte se volvían a quedar descolgadas del tren de alta velocidad, acusando al PP de condenar a Cantabria a seguir con una red ferroviaria del siglo XIX y con ello a seguir acentuando el desequilibrio territorial de nuestra comunidad con respecto a otras comunidades autónomas, declaraciones que, como no podía ser de otra manera, eran radicalmente certeras tras comprobar la vergonzante dotación presupuestaria otorgada a la alta velocidad. Hoy, con un millón de euros de consignación en esa partida, la ahora Vicepresidenta afirma que con los presupuestos para 2008 se colman las aspiraciones de los cántabros.

No vamos a ahondar más en el cruce de declaraciones porque resultaría patético. Lo único cierto es que para el próximo año los presupuestos, lejos de superar la brecha infraestructural entre Cantabria y el resto del Estado, no sólo no lo hace sino que ahonda la misma. Y es más, se ponen en entredicho tanto los acuerdos de Gobierno entre PRC y PSOE y la consensuada resolución parlamentaria que otorgaba plazos concretos para concluir determinadas infraestructuras.

Por eso, para 2008 y si no se remedia en años sucesivos, habrá que volver a hablar de la deuda histórica infraestructural del Estado con Cantabria porque estos presupuestos, sin ser malos en su globalidad, no colman las históricas necesidades infraestructurales de nuestra Comunidad.

En consecuencia, es hora de decir que ya está bien en muchos sitios y a muchas personas. Ese concepto que en Cantabria se infrautiliza pero que en Murcia, Valencia, Castilla está a la orden del día y no digamos en Andalucía, Galicia o Cataluña, debe empezar a presidir la agenda de todos nuestros políticos, desde el propio Gobierno de Cantabria hasta los representantes en las Cortes Generales, sin tibieza, sin rubor y sin medias tintas. Es necesario además sacudirse ese complejo provinciano y sucursalista que impide hablar a nuestros representantes en Madrid y comenzar a exigir, por parte de la ciudadanía, una mayor defensa de los intereses generales de nuestra Comunidad.

Y hacerlo desde la responsabilidad, porque una comunidad como Cantabria, tan maltratada en aspectos infraestructurales, no tiene por qué soportar el silencio -cómplice- de nuestros diputados ni el uso demagógico y hasta trágico-cómico del concepto de deuda histórica infraestructural, como tristemente ha sucedido. El ejemplo que a continuación vamos a relatar pone de manifiesto lo que decimos.

Hace ahora once años, el 16 de octubre de 1996, el entonces diputado socialista en Cortes por Cantabria Jaime Blanco, presentaba la siguiente pregunta al Gobierno -primera legislatura de Aznar- (sic): "en varias ocasiones, en Cantabria, se ha discutido institucionalmente sobre la "Deuda Histórica" que el Estado mantiene con esa región y que afecta fundamentalmente al déficit en infraestructuras viarias y de ferrocarril. Se ha llegado a evaluar dicha deuda en 28.000 millones de pesetas y se ha mostrado la voluntad por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de iniciar negociaciones bilaterales entre el Ministro de Economía y el propio Consejo de Gobierno". Tras esta exposición el diputado concretaba las cuestiones: "¿reconoce el Gobierno que existe una 'deuda histórica' con la Comunidad de Cantabria? En caso de respuesta afirmativa, ¿en cuánto evalúa el Gobierno dicha deuda?"

Respondía el 25 de noviembre de ese mismo año el entonces Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Mª Michavila, después Ministro de Justicia, lo siguiente (sic): «no existe en el Estatuto de Autonomía de Cantabria referencia a deuda histórica alguna. No obstante, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas prevé la posibilidad de establecer unas asignaciones de nivelación de los servicios públicos fundamentales. A este fin, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en su reunión del pasado 23 de septiembre, acordó la creación de un grupo de trabajo para la instrumentación de las asignaciones de nivelación con participación de todas las Comunidades Autónomas. Es en el seno de ese grupo donde Cantabria puede exponer sus reivindicaciones».

Tanto de la pregunta como de la respuesta, del contexto, de quién la contestó y de quién la hizo, podemos hacer multitud de interpretaciones, pero la respuesta del Sr. Michavila creemos que es lo suficientemente clara.

Si nos tomamos la respuesta en serio, lo lógico sería analizar dos cuestiones. La primera es por qué cuando se reformó el Estatuto de Autonomía en 1998 no se recogió el concepto de deuda histórica. La segunda trataría de averiguar qué es lo que ha hecho Cantabria para resolver sus problemas, qué han hecho los diputados y senadores cántabros en Madrid durante décadas y que han hecho nuestros representantes en ese grupo de trabajo al que hacía referencia Michavila. Y, tras comprobarlo vemos que, en realidad, la labor del grupo de trabajo era elaborar y elevar a la aprobación del CPFF una propuesta de instrumentación jurídica, financiera y presupuestaria de las asignaciones de nivelación de los servicios públicos fundamentales a las que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), entendiendo que esos servicios son la sanidad, la educación y los servicios sociales. O sea, una salida correcta que no respondía para nada a la pregunta formulada por el diputado. Ni que decir tiene que nunca más se supo de ese atisbo de reivindicación -de ahí su carácter demagógico- y mejor ni comentar el papel de nuestros representantes en el citado grupo de trabajo por lo sonrojante que supone el balance.

Es más, en los años siguientes tanto la cifra como el concepto se trasladaría a la segunda acepción del término 'deuda histórica', esto es, el déficit generado en la comunidad por el insuficiente contenido económico en las transferencias de competencias. Con no ser menor este asunto, las disputas políticas ahogarían el debate, trasladando los socialistas la cifra dada por Blanco en exclusiva a este segundo significado, y llevando el PP el debate a lo anecdótico, al preferir no incomodar al Gobierno de Aznar antes que defender los intereses legítimos de los cántabros por cobrar una deuda multimillonaria, en una evidencia más de servilismo sucursalista. El entonces ministro Mariano Rajoy haría de maestro de ceremonia para certificar la defunción de esa reclamación de la 'deuda histórica' y quedarse al final en nada, ni la infraestructural ni la del traspaso competencial. Lo dicho, un penoso y a la vez grotesco uso del concepto, confundiendo términos hasta el ridículo para desgracia de los ciudadanos de Cantabria.

El ejemplo es sintomático y demuestra lo que hemos dicho anteriormente. El Gobierno nos dice cómo hay que reclamar y no hacemos ni caso; nos dan una salida que no tiene que ver nada con la pregunta y nos callamos; se utiliza una cifra para valorar una cosa que luego es usada para valorar otra diferente . Por eso la pregunta y la respuesta deben tomarse como lo que creemos realmente es: una broma y una burla al sentido común y a la paciencia y tolerancia de los cántabros.

Miren ustedes. Desde ese octubre de 1996 han pasado muchas cosas, se han hecho obras sí, pero el ritmo inversor comparativo ha decrecido. Mientras en ese año unos buscaban la solución ferroviaria, nosotros estábamos todavía sin concluir los grandes ejes comunicacionales y la Alta Velocidad era ciencia ficción.

Once años después, a la vista de los presupuestos para 2008, no es que estemos igual pero seguimos arrastrando un gran retraso al que hay que poner freno. Aunque haya buenas iniciativas, como el pacto de gobierno PRC-PSOE del pasado mes de junio y el acuerdo de las tres fuerzas parlamentarias para incorporar alegaciones al Plan de Infraestructuras, lo cierto es que la realidad de las cifras pone todo lo acordado en entredicho.

Repasemos. Los representantes del pueblo cántabro en nuestro Parlamento, el catorce de marzo de 2005, consensuaron entre otras cosas que en el período 2005-2008 se concluyera la Ronda Bahía, y que se ejecutase la autovía Burgos-Aguilar y el tramo Solares-Torrelavega; que para el período 2008 a 2012 estuviera en servicio la conexión ferroviaria con Madrid en un tiempo de dos horas y media, la Autovía Dos Mares y la reordenación ferroviaria de Santander y Camargo; y por último, que se incorporasen dotaciones para transformar a tres carriles la autovía Santander-Torrelavega y se adaptasen los planes directores del Puerto y Aeropuerto.

Pues bien, a la vista del proyecto de PGE comprobamos que, el tramo Solares-Torrelavega se va a ir como poco hasta 2012, al igual que la Ronda Bahía, y de la autovía A-73 que une Burgos con Aguilar, de los siete tramos que consta sólo hay obras en dos que se esperan concluir en 2012 y el resto está en la fase de redacción del proyecto de construcción.

Vamos bien ¿verdad? Sigamos. De lo que se demanda por nuestros representantes que concluya en 2012, la Autovía Dos Mares seguirá en estudio informativo al menos dos años más, tanto en la parte cántabra como en la castellana. O sea, que se podrá licitar su construcción como pronto en 2012. Del tren de Alta Velocidad igual mejor le dedicamos otro artículo so pena que el lector acabe exhausto y malhumorado tras leer el presente. Eso sí, tal y como cifran los PGE, hablamos de momento de una entelequia, lo mismo que el tercer carril para la autovía entre Solares y Torrelavega o la adaptación de los planes directores del puerto y aeropuerto.

Eso sí, habrá modificaciones al alza en función de las enmiendas anunciadas, enmiendas que ni por asomo serán como las anunciadas por ejemplo por el PP de Valencia o por los socialistas gallegos, lo que demuestra de nuevo el papel simbólico de nuestros parlamentarios en Madrid.

Los Presupuestos para 2008 no son malos en su globalidad pero tiene graves carencias. La Autovía Dos Mares no avanza lo suficiente, el ferrocarril sigue siendo un quimera con insultantes partidas tanto en la conexión con Castilla como con Euskadi - las dos prioridades del pacto de Gobierno- y obras como la variante de Potes, la ampliación de La Hermida, las variantes de Puente Viesgo y Alceda, las obras en Los Tornos y San Glorio amén de las más generales anteriormente citadas se están demorando demasiado.

Y ante esto Cantabria debe decir basta. No se trata de lanzar órdagos ni de echarse al monte; se trata de reclamar y reivindicar, de buscar soluciones a la parálisis que demuestra el Estado porque ni podemos ni queremos esperar más. Es hora de decisiones y de reclamar con rigor; es hora incluso de plantarse ante el Estado, de encabezar una petición unánime de cumplimiento de los acuerdos parlamentarios, de incorporar a la inminente reforma estatutaria el concepto de deuda histórica infraestructural -como socialistas y populares han hecho en otras comunidades y como nos indicó el Sr. Michavila-, de aunar esfuerzos, de limar asperezas partidistas y partidarias. Es hora también de ser valientes y de gobernar -no gestionar- proponiendo al Estado acuerdos por ejemplo como el vasco, que posibilitó que el gobierno de Ibarretxe llevara a cabo los estudios previos de la alta velocidad a cambio de pasar luego la factura al Estado y así adelantar unos cuantos años las obras. Es hora también de exigir responsabilidades a todos los que desde hace décadas han ido a «pasar el rato a Madrid» y que soportan respuestas como las del Sr. Michavila sin hacer ni decir nada. Es tiempo ya de pedir cuentas a los partidos de ámbito estatal que en otras latitudes reclaman para sus territorios con todo fundamento y aquí callan por interés meramente partidista.

Y también es hora de pedir una respuesta contundente al propio Partido Regionalista, que no sólo tendría que plantearse definitivamente presentarse a las elecciones generales a la vista del papel de los otros dos partidos y de lo que consiguen para sus comunidades otras minorías, sino que, además, también que tiene mucho que decir en el asunto porque ha transigido que sus socios, ya sean PP y PSOE, hagan y deshagan a su antojo sin apenas incomodar. Y aún reconociendo que muy probablemente sin las aportaciones regionalistas la deuda histórica se habría agrandado más en el tiempo, no es menos cierto que ha tolerado que año tras año las partidas presupuestarias relativas a superar esa brecha infraestructural no sean las suficientes.

Cada uno debe asumir ya su responsabilidad, dejarse de peleas estériles y ponerse manos a la obra porque, para vergüenza de todos, las palabras que en 2001 pronunció la actual vicepresidenta, la Sra. Gorostiaga, y que antes comentamos cobran hoy toda vigencia.

La pregunta y respuesta parlamentaria sobre la deuda histórica nos abre una vía inexplorada. Quizás por ahí encontremos la respuesta de lo que hay y de lo que no hay que hacer.


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