10 - julio - 2008.

  LA REFORMA ESTATUTARIA  EXIGE UN MINIMO RIGOR.

Bernardo Colsa Lloreda. Presidente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC).

Asistí al pasado Debate sobre la Orientación Política del Gobierno en este el primer año de la VII legislatura. Mi propósito era escuchar de primera mano las intenciones de nuestros representantes sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y tomar nota de sus argumentos, sobre todo a raíz del descorazonador y ambiguo comunicado que un día antes y sobre el mismo tema había remitido a la opinión pública la oposición política, el Partido Popular.

Comenzó tomando la palabra el Presidente, Sr. Revilla, que al comienzo de su extensa exposición hizo hincapié en la necesidad de reformar nuestro Estatuto  por varios motivos, conminando a los grupos políticos a iniciar los trámites en sede parlamentaria y desarrollar un proceso de reforma consensuada para los próximos meses que “contribuyese al progreso de Cantabria como Comunidad y al beneficio de todos los cántabros”. El Sr. Revilla fue concluyente: Cantabria no se puede quedar a la zaga del proceso que se vive en todo el Estado y el derecho a su autogobierno se debe asegurar en clave de igualdad y solidaridad con el resto de comunidades.

Las intervenciones vespertinas del los portavoces socialista y regionalista, Srs Berriolope y de la Sierra respectivamente, asumieron el mensaje del presidente y apostaron por iniciar el proceso reformista. Por su parte, el discurso del líder del PP, Sr. Diego, no tuvo ninguna mención al caso. La réplica presidencial y la de los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno volvieron a incidir en el asunto, ya de manera más exhaustiva invitando al PP a posicionarse de una vez, cosa que hizo el Sr Diego  al final de su segunda réplica y con el tiempo ya cumplido. Su postura mostró la disposición de su grupo a iniciar los trabajos, aunque haciendo la observación de que regionalistas y socialistas no identificaran consenso con “pasar por el aro de la mayoría” para luego asegurar que el PP debatiría la reforma “inmediatamente se organizase una comisión sobre financiación autonómica y otra sobre obra pública” porque, a su juicio, eso es lo que realmente importa a los ciudadanos. O sea, el Sr. Diego se movió en las mismas claves que el comunicado que envió su partido el día anterior a respuesta de la invitación realizada por el PRC para sentarse a hablar de cómo iniciar los trabajos de reforma estatutaria.

Antes de comentar el punto de vista del PP, permítannos que insistamos en lo que es el Estatuto de Autonomía, porque parece que todavía, a estas alturas, se trata de frivolizar sobre el asunto. Después de la Constitución es la norma básica que nos rige a todos los cántabros; que se hagan carreteras, viviendas, centros culturales u hospitales, que se dinamicen comarcas deprimidas, que se ordene el territorio, que se atienda a ganaderos y pescadores, que se incentive el comercio, que mejore un servicio como la justicia o que se gestionen determinadas políticas sociales depende del Estatuto de Autonomía y de su grado de autogobierno, del número de competencias en él reflejadas y del contenido que a estas se las da. Atender al Estatuto, su desarrollo y su reforma es, en consecuencia, fundamental para el correcto desarrollo socioeconómico de la comunidad y básico en el reconocimiento de una entidad, de un territorio, de un pueblo. Con este asunto mejor no trivializar y menos las personas con responsabilidad.

Los populares cántabros, sin embargo, huyendo de esa responsabilidad, han tratado de escurrir el bulto minimizando el debate, identificándole con algo intrascendente, cayendo en el zafio y a la vez fácil discurso que gusta en los sectores radicales. Así lo trató el Sr. Diego, aplaudido por sus correligionarios, en el debate parlamentario: fuera de tiempo y en la segunda y última réplica. Sus argumentos,  los expuestos el día antes, esto es, supeditar el inicio de los trabajos a la creación de dos comisiones reclamando a la vez consenso, una postura contradictoria a todas luces porque se ofrece un chantaje político en toda regla: no inicio un debate si no es con mis mandamientos, ¿es eso apelar al consenso?.

Y todo porque el PRC había enviado una simple carta que, por lo que se sabe, invitaba al diálogo para trazar una estrategia parlamentaria que desembocase en la reforma de nuestro Estatuto, gesto también criticado, como no podía ser de otra manera, pero también contradictorio, porque rechazan el  protagonismo partidista, pero sin embargo piden su cuota de protagonismo al saberse imprescindibles.

En definitiva, con una ambigüedad calculada dicen sí pero no; están de acuerdo con iniciar el debate pero bajo unas condiciones, las suyas. Cántabros del mundo, bienvenidos a una nueva forma de entender el consenso.

La cuestión es obvia. Como decimos, ¿qué acuerdo  puedes exigir si tú mismo impones las condiciones de partida? Porque, tendrán que explicar qué tiene que ver que se inicien los debates del estatuto  con la creación de dos comisiones y también tendrán que aclarar porque reclaman el manido concepto del consenso y se escudan en él para enmarcar el debate cuando es algo que todos, gobierno y grupos parlamentarios que le apoyan, garantizan. ¿No querrán con ello justificar un desaire en el futuro? Es esta una táctica ya vieja en los populares cántabros, utilizar su necesaria e imprescindible incorporación al pacto estatutario – se necesita el apoyo de 2/3 de la cámara para aprobar la reforma- para aplicar su particular derecho de veto y obstaculizar el proceso si no se hace lo que ellos quieran y en el tiempo que marquen. O sea, ruido en el asunto para obstaculizar el proceso.

El PP de Cantabria, independientemente de su apocalíptica visión de Cantabria, tiene todo el derecho a discrepar y presentar su proyecto para nuestra Comunidad, pero debe optar de una vez por todas entre dos caminos: profundizar y dar contenido a la Autonomía o estancarla y asimilarla a una  Diputación Provincial. Pero también tiene la obligación de, por ser un partido con vocación de gobierno, presentar una postura creíble y concreta. Excusarse en la apelación a un consenso que todos proclaman no es tolerable y suena a pretexto fácil. Y no permitir en Cantabria lo que fomentan y alientan en otras latitudes es difícil de digerir.

Y es que, el PP cántabro tiene que explicar a toda la ciudadanía por qué su partido propicia la reforma estatutaria en La Rioja, Murcia, Castilla León, Canarias o Comunidad Valenciana –donde gobiernan-, por qué colaboran en los debates de forma sobresaliente, atendiendo a la responsabilidad del asunto, en aquellos lugares donde son oposición como Galicia, Asturias, Baleares, Aragón, Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha. Los populares cántabros deben aclarar por qué en esas comunidades hay un discurso y aquí en Cantabria hay otro, deben esclarecer por qué su partido se implica en conseguir más autogobierno en esos lugares y aquí se obstaculiza la posibilidad de desarrollarle. Deben, en definitiva, dar respuesta a cuestiones muy difíciles de entender para el conjunto de la sociedad cántabra.

Con todo, que desde el Parlamento o desde la legitimidad de un partido político se rehuya el debate o se excuse el mismo con argumentos banales, no deja de ser sorprendente a la par que decepcionante. Se puede estar en contra o tener una opinión divergente, sólo faltaba, pero con base rigurosa, no con discursos inconsistentes y, a estas alturas del proceso autonómico, insostenibles. El PP de Cantabria ha cometido un grave error al erigirse en víctima de un proceso tan necesario como imparable, porque aquí nadie pierde. Con este discurso chantajista es normal que muchos ciudadanos comiencen a plantearse cuál es la postura de este partido respecto al proceso autonómico cántabro, si de verdad apuesta por Cantabria como Comunidad Autónoma o abraza el anacrónico revisionismo antiautonómico, ese al que todavía tanto les gusta jugar por aquello de satisfacer a sus bases ideológicas más reaccionarias. Ahora bien, si escogen este último camino que lo digan claramente para que todos los cántabros se atengan a razones.