Nuestro Presidente ya ha sido recibido por Zapatero para tratar bilateralmente el  nuevo sistema de financiación autonómica y, por lo que ha trascendido, aún a falta de concretar cifras, definir las fórmulas de reparto y establecer los mecanismos correctores pertinentes,  Miguel Ángel Revilla, con prudencia y  relativo optimismo,  estima como positivas una serie de cuestiones que benefician a Cantabria – la aplicación del criterio del coste efectivo de los servicios y que nadie saldrá perdiendo- que sin embargo,  no se pueden concretar hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera establezca de manera multilateral el definitivo reparto de la tarta.

Lo que toca ahora es estar atentos y seguir de cerca el debate para que los planteamientos cántabros no se vean minusvalorados, manteniendo una postura negociadora abierta y rigurosa que, de entrada, obvie los aplausos desmedidos que preconizan tanto Ángel Agudo como Dolores Gorostiaga, a los que hay que recordar que no por tener más vamos a ser mejor tratados. Que la tarta aumente no quiere decir que el trozo que nos den sea el que nos debiera corresponder. Los hechos no se deben plantear de esa manera, sino más bien en función de la estimación correcta de las variables que afectan a nuestra Comunidad de cara a establecer unos criterios de reparto y de acceso a los distintos fondos niveladores equitativos, justos y solidarios.

Por ello nunca debemos perder el fundamento de la reclamación cántabra, la reivindicación de nuestros costes diferenciales, porque de su reconocimiento y posterior aplicación de los criterios que colmen los mismos, se podrá concluir un aceptable sistema de financiación para Cantabria; sólo así y nunca aplaudiendo apriorísticamente lo que desconocemos.

Es cierto que nuestro gobierno va con la lección aprendida y plantea los requisitos mínimos -el coste de los servicios y los mecanismos correctores en la población-, a diferencia de otros procesos negociadores, sobre todo los de 1997 y 2001 - provocados por cierto por los nacionalistas catalanes y pactados con los distintos ejecutivos presididos por Aznar-, que no los tuvieron en cuenta a la hora de negociar un buen reparto para Cantabria. Pero no es menos cierto que en un escenario en el que abundan pedigüeños y demagogos, sobran las loas y las críticas inconsistentes para pasar a exigir a todos mayores dosis de rigor analítico en aras a  plantear con contundencia las demandas cántabras.

A nuestro entender, estas se sustentan en el sólido planteamiento definitorio de, como decimos, los costes diferenciales cántabros, que se sostienen en tres cuestiones irrenunciables: el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, la orografía como factor determinante en el coste de los servicios públicos y en la distribución del gasto y el efecto frontera con el territorio vasco.

En primer lugar, cabe afirmar que la Disposición Adicional Segunda del actual Estatuto de Autonomía de Cantabria recoge que debe garantizarse que el Hospital Valdecilla sea un  centro de referencia en el contexto del Estado, para que “pueda mantener e incrementar en el futuro su alto nivel de actualización asistencial, docente, científica y tecnológica”.  El mandato es concluyente por lo que las inversiones procedentes del Estado vía modelo de financiación autonómica no solo deben contemplar el coste sanitario en Cantabria, sino ir mucho más allá. Esto es, no basta con reclamar lo que realmente cuesta un servicio sanitario de calidad a la medida de las peculiaridades demográficas –dependencia y envejecimiento- y orográficas –dispersión- de Cantabria, es imprescindible que se dote de más recursos al sistema cántabro de salud para permitir situar a Valdecilla como referente.

En segundo lugar, la orografía cántabra ha condicionado la estructura socio-demográfica de nuestra Comunidad, propiciando un desequilibrio interterritorial fundamentado en la dispersión  que encarece los servicios a prestar pero también las inversiones a realizar.  Es algo en lo que todo el mundo coincide pero que  los negociadores del sistema en 2001 y en 1997 fueron incapaces de plantear: el 63,73% de nuestros municipios están caracterizados como zonas de montaña, casi el 80% de nuestra superficie que afecta al 20% de la población. Además, el 26% del total del territorio está calificado como Zona de Especial Conservación. En consecuencia, buena parte de Cantabria se ve afectada por condicionantes físicos, orográficos, que, además, se encuentran regulados bajo una estricta normativa que condiciona su desarrollo socioeconómico. Esta circunstancia no se da en otras comunidades y debe ponerse encima de la mesa, pero no sólo a la hora de valorar la prestación de servicios públicos –educación, sanidad, asistencia  social...- sino también a la hora de cuantificar las inversiones necesarias en infraestructuras para poder acceder a esos servicios – obras viarias, mantenimiento...- en una Comunidad costera y montañosa.

Todo ello supone un condicionante en el presupuesto autonómico; los 284  kilómetros de costa requieren inversiones en seguridad marítima, vigilancia y mantenimiento o en infraestructuras portuarias, un gasto que  nunca tendrán seis comunidades y que, lógicamente, debe incorporarse  con su correspondiente baremación al conjunto del sistema. Y más aún condicionan las obras terrestres. En Cantabria casi un 90% del total de gasto en actuaciones de carácter económico en inversiones se gasta en inversiones reales en infraestructuras,  la tercera comunidad tras Madrid y al mismo nivel casi la que la precede, Euskadi.  Además, seis de cada diez euros  se gastan en actuaciones de carácter económico en relación con el gasto total en inversiones reales, siendo la comunidad que más destina a ello según los datos de los presupuestos consolidados de 2007 en las distintas Comunidades. Y si incluimos en este análisis no sólo la inversión real, sino todos los componentes del gasto en infraestructuras, los resultados confirman que Cantabria destina casi el 16% del total del presupuesto de manera íntegra y exclusiva a obras en infraestructuras, la Comunidad que más sin duda y con diferencia en el conjunto del Estado para 2.000 kilómetros de red viaria y sin competencias en materia ferroviaria ni construcción continua de nuevas líneas de tren metropolitano.

La orografía, además, condiciona la estructura sociodemográfica. En Cantabria hay nada más y nada menos que  1.243 núcleos de población, pero una densidad muy superior a comunidades como  Galicia, Asturias, Aragón o Castilla León. A nosotros nos conviene hablar más que de densidad de distribución espacial vinculada a la orografía, el cómo se ocupa el territorio, con más de un 82% de sus municipios menores de 5.000 habitantes y, con nada menos que 524 entidades menores susceptibles de gestionar distintos servicios públicos, algo sin parangón en el Estado. En cierto modo, sufrimos dispersión pero no alejamiento, que a la vez facilita pero encarece la aplicación de los servicios públicos.

Y junto a esta dispersión se sitúa un componente también peculiar, el de la población vinculada, aquella que reside de hecho en nuestra comunidad pero no está registrada oficialmente. Estos ciudadanos generan una demanda de servicios públicos que no es financiada directamente con sus recursos impositivos; en Cantabria la cifra es exageradamente alta a tenor de los datos del último padrón realizado en 2001. Frente a los 535.131 residentes en Cantabria ese año, había 218.005 vinculados por distintos motivos, lo que daba una población de hecho para nuestra Comunidad de 753.136 habitantes,  que supone una tasa de vinculación del 140,74%, de las más altas del Estado. Con esta cifra los costes fijos aumentan sobremanera para una población que vive aquí, a la que hay que dar servicio, pero que no computa a la hora del reparto de fondos.

E íntimamente ligado a la población vinculada se sitúa el tercer aspecto peculiar de Cantabria, el efecto frontera con un territorio que cuenta con un particular sistema fiscal, Euskadi. La Comunidad vecina disfruta de un sistema  que, por ejemplo,  le ha posibilitado disponer de seis puntos más del PIB de gasto público para financiar las mismas competencias que comunidades como la nuestra. Y al poder diseñar sus impuestos, en general, y el de sociedades en particular, han podido desarrollar una política industrial propia destinada a incentivar la actividad empresarial que ha mejorado su competitividad y los niveles de renta. El impacto en nuestra economía es evidente: si como ha ocurrido, el gobierno vasco ofrece un incentivo para la creación de empleo, en caso de igualdad en el resto de los factores, las empresas se instalarán donde tengan más incentivos fiscales, como las personas, dándose casos de empresas que soportan una presión fiscal tres veces menor en Euskadi que en Cantabria. Sin ir más lejos, el régimen fiscal vasco propicia, según FUNCAS, que la tasa de ahorro anticipada para 2008 en Euskadi haya sido del 20,1 frente al 13,9 de Cantabria y que las familias ahorren el 25,3 allí frente al 18,6 de nuestra Comunidad. De esta manera, es lógico que nuestras empresas busquen sus proveedores en tierras vascas al ser los precios  más competitivos, es normal que municipios como Musques, Carranza, Arcentales o Abanto  tengan un índice de creación empresarial casi el doble que en Castro, Guriezo o Ramales y sin embargo pierdan constantemente población respecto a estos municipios cántabros y es normal que la cifra de población vinculada crezca de manera escandalosa en los municipios orientales porque las ventajas fiscales de estar empadronado en Vizcaya y los servicios a los que se accede son mucho mayores que en Cantabria.

Puestas así las cosas, lo que queda es no renunciar nunca a esta realidad, ir con datos en la mano y plantear un sistema justo, solidario, responsable y equitativo. Cada uno defenderá sus intereses y es evidente que  Cantabria no puede alinearse con aquellos que demandan que la población sea el principal indicador para requerir recursos –Madrid, Andalucía, Valencia, Baleares o Cataluña-; pero Cantabria tampoco puede ir a pies juntillas con aquellos que priman criterios de densidad y riqueza para el reparto de recursos –Galicia, Asturias, Aragón, Extremadura o las dos Castillas- porque siempre salimos perdiendo. Como evidentemente habrá que aunar fuerzas y aproximar posiciones, lo que sí es cierto es que a Cantabria le interesa estar con todos los que afirmen que no son los habitantes, sino los usuarios, los que originan los costes, con aquellos que tomen la ponderación poblacional como base para dotar de recursos al sistema y, a partir de ahí, negociar los repartos de fondos según su particularidad para garantizar nuestras necesidades, de la misma manera que Galicia reclama el idioma como elemento diferencial, Cataluña, Madrid o Valencia reclaman el precio del suelo urbano como gesto de distinción, o Madrid demanda que se tenga en cuenta su particular gasto en infraestructuras subterráneas –el metro-.

Cantabria, por ser una Comunidad de difícil acceso y con unos costes fijos considerables, no puede ser la sacrificada del modelo. Cantabria debe reclamar la apertura de vías que, dentro del sistema, compensen su realidad basada en sus propios costes diferenciales, contemplando un tratamiento especial de las zonas de montaña, reclamando la creación de una especie de  fondo compensatorio con destino a  gastos de inversión que corrijan los desequilibrios económicos interterritoriales cuando no exista la debida proporción entre población y territorio, reivindicando un mecanismo de convergencia por su propio condicionante físico en el que tenga cabida el gasto en infraestrucuturas, exigiendo el cumplimiento de nuestro Estatuto en materia sanitaria, poniendo sobre el tapete mecanismos que computen la población vinculada y abriendo el debate sobre la fiscalidad vasca diseñando un régimen de compensación estructural que supere la brecha existente entre territorios vecinos.

Si tenemos claras estas cuestiones, sobra la palabrería e insulto habitual de algunos y los piropos desmedidos de otros. Lo que está en juego es el futuro de Cantabria y, aunque las noticias sean alentadoras, está aún por ver como se ponderarán las variables, el quid de la cuestión. Por ello, la prudencia y la firmeza en las convicciones son los mejores aliados. Otra cosa es que nos quieran meter en la particular guerra político-electoral de los exabruptos apocalípticos frente al sucursalismo benévolo. Ese juego no interesa a los cántabros; sólo importa que de una vez por todas, nuestra diferencia, nuestra particularidad, sea ponderada cuando se repartan los fondos del sistema.