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Fecha: 25/02/2000 Tipo: TRIBUNA LIBRE-DIARIO MONTAÑÉS

LAS CERCANÍAS FERROVIARIAS Y LAS BOUTADES DEL CONSEJERO

 

       25 de febrero de 2009.

  LAS CERCANÍAS FERROVIARIAS Y LAS BOUTADES DEL CONSEJERO.

Bernardo Colsa Lloreda . Presidente de Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC)

La pasada semana, el Consejero de Industria, Javier del Olmo, se descolgó con unas manifestaciones -a nuestro juicio desafortunadas- respecto al posible traspaso de competencias en materia ferroviaria. Venía a decir que Cantabria aún no está preparada para asumir la gestión de “Cercanías” de FEVE y que el Gobierno no tenía ningún afán en recogerlas a no ser que se le obligase. Un Consejero es el máximo encargado de llevar a cabo la política del ejecutivo en el área que le compete  pero no puede arrogarse en exclusiva la opinión de todo un Gobierno que debe tener una idea clara, común y consensuada de Cantabria, un proyecto para Cantabria. Sinceramente nos cuesta creer que el Gobierno no quiera asumir la gestión de esta competencia que es un elemento esencial para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos o al menos que, en base a unos acuerdos con FEVE, se desarrolle un sistema ferroviario autonómico; es difícil creer que no se apueste por solucionar el grave problema que supone hoy la comunicación y el transporte en nuestra Comunidad. Y desde luego, si es así, es incomprensible todo lo que se dice en el Plan de Gobernanza en cuanto a la mejora de la vertebración territorial o la prosecución de un red de transporte público colectivo sostenible y de calidad. Si nuestro Gobierno se quiere anclar en el actual estatus y no avanzar en el autogobierno mal vamos, y si no quiere ejecutar las competencias que en materia ferroviaria le corresponde según el actual Estatuto, esto es, si  rechaza auto legislarse eludiendo la gestión política y administrativa de nuestros propios intereses, peor aún.

Estamos de acuerdo en que, hoy por hoy, Cantabria no está en condiciones de asumir esta competencia por mucho que el Estado esté dispuesto a cederla, pero ello no quita para que, dentro de una visión global de Cantabria que supere la anquilosada estructura del transporte, sea un objetivo, una meta imprescindible a alcanzar a medio plazo previa negociación de un plan de inversiones que renueve las infraestructuras. Y eso se puede y se debe iniciar ya, ahora, en un contexto además de aprovechamiento de las sinergias que traerá consigo la llegada de la Alta Velocidad.

Las declaraciones del sr. Del Olmo son una boutade, una salida singular y provocadora más propia de un lenguatón que de un responsable de Gobierno. Sinceramente creemos que la Consejería que preside ha dado muestras de capacidad llevando a cabo numerosos proyectos e ideando otros en aras a conseguir una red de transporte colectivo público sostenible. Sin ir más lejos, ejemplo de aquellos son la reciente incorporación de FEVE o del TUS al proyecto de la Tarjeta de Transporte Cántabra. Pero, al mismo tiempo, también son la muestra perfecta de la dificultad que entraña poner de acuerdo a distintas administraciones con distintos objetivos y de la obligada necesidad de coordinar acciones bajo una misma administración para facilitar una política de transportes pública integrada.

Sí, el organigrama administrativo y la maraña competencial han contribuido a demorar en exceso un servicio que lleva años funcionando en otros lugares de la dimensión del área meropolitana de Santander y de la propia Cantabria, aún sin incluir todas las cercanías y el conjunto de transporte urbano de las ciudades que lo poseen. A pesar de los esfuerzos del Departamento de Transportes, aún estamos lejos de ofrecer un sistema de transporte integrado que afronte las crecientes necesidades de transporte público de, por ejemplo, el área metropolitana de la Bahía, del Besaya o de las ciudades de la Costa Oriental. Y no será precisamente por falta de voluntad del Gobierno, como decimos, sino porque, independientemente de la herencia de otros Gobiernos  y de las carencias de la red viaria y ferroviaria, de su sobredimensionamiento, falta de inversiones y demás problemática por todos conocida, falta el traspaso de competencias clave, al menos en la gestión, el de las Cercanías de FEVE.

Cantabria no puede articular una verdadera política de transporte si no interviene directamente en la gestión de buena parte de las infraestructuras. El ejemplo de la Tarjeta de Transporte es palmario: la superposición de competencias y responsabilidades en materia de transportes de las diversas instituciones está directamente ligado a las numerosas disfunciones de un sistema que, aunque puede resultar racional al analizar separadamente cada una de sus partes, no lo es al tratarlas conjuntamente. Pero mientras otras comunidades crean consorcios para la coordinación y gestión de los transportes que trascienden a los municipios e incorporan organismos como FEVE o RENFE, aquí, en Cantabria, aún somos incapaces de articular algo parecido.

Sí, es cierto que Cantabria ahora no debiera asumir una competencia especialmente gravosa por la situación actual de la red, pero no es de recibo negar con contundencia unas competencias que deben contemplarse a la vista de un escenario, el de la situación ferroviaria cántabra, que es desalentador: una red antigua y poco competitiva con respecto a otros medios de transporte, costosa de mantenimiento y con trazados ferroviarios provenientes del siglo XIX que no han experimentado prácticamente ninguna mejora desde que se construyeron y que ha contribuido notablemente a la desvertebración del  territorio.

Con estas premisas, precisamente por ellas, porque necesitamos dar una solución a nuestra red ferroviaria, porque el Estado se ha demostrado ineficaz y carente de compromiso, necesitamos las competencias. Nuestra Comunidad requiere una red de transporte multidisciplinar que incluya el ferrocarril y que favorezca la ordenación social del territorio, que minimice los gastos globales del transporte, que reduzca el transporte privado en beneficio del colectivo, que mejore los flujos de comunicación de las ciudades orientales y que contribuya a mejorar el medio ambiente y a un uso más racional y eficiente de las saturadas infraestructuras viarias.

Cantabria no puede permitir  cifras como las que actualmente soporta. Nadie puede estar contento con poco más de once mil viajeros diarios en Cercanías de FEVE –por encima de cinco mil en las dos líneas existentes-  mientras la Autovía A-67 (Santander-Torrelavega) o la S-10 (Santander-Astillero) soportan setenta mil vehículos al día.  Para ser más claros, la línea Santander-Cabezón de FEVE la usan 5.665 viajeros al día, la mayor parte procedentes de los municipios satélites de Santander y Torrelavega, y la otra, la Santander-Liérganes cuenta con 5.460 usuarios al día, la mayoría con viajes a los municipios del sur de la Bahía. Por las autovías que discurren paralelas a ambas líneas férreas transitan nada menos que 70.000 vehículos diarios y, en las cercanías de Santander, 100.000.

Algo funciona mal, es evidente, y no se soluciona sólo con un tercer carril en la A-67.  El número de viajeros en las cercanías de FEVE está al mismo nivel de hace ocho años, por lo que es indudable que no cumple las expectativas de la ciudadanía, el servicio no aporta soluciones al usuario; mientras, el parque de vehículos mantiene un crecimiento medio anual del 5% y la intensidad media diaria en las autovías cántabras crece a un ritmo de casi el 10%. Esto sólo se soluciona con inversiones que mejoren la línea, los trenes y los servicios y ahí debe entrar necesariamente nuestra administración autonómica, exigiendo al Estado un plan de choque que, además, incorpore una solución ferroviaria para la zona oriental para luego poder articular un red de transporte pública dependiente de Cantabria que, con la colaboración de otras administraciones, aporte soluciones.

El problema es muy serio y somos nosotros, los cántabros, los que debemos resolverlo con ideas y proyectos que propicien un sistema de transporte público integrado, como la cesión de unas competencias que, por cierto, ya está contempladas en el actual Estatuto. Además, la llegada de la Alta Velocidad puede y debe coadyuvar a diseñar un plan general de mejora ferroviaria. Ahora bien, lo que nunca ayuda son declaraciones que rechazan de plano la asunción de unas competencias que directamente inciden en la búsqueda de soluciones y en la aplicación de políticas que redundan directamente en la ciudadanía. Así, no. 


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