27 de octubre de 2009.

 FRENTE AL BLINDAJE VASCO HECHOS, NO PALABRAS.

Bernardo Colsa LLoreda. Presidente de la Asociación ADIC

Se acaba de iniciar en el Congreso el proceso para blindar las normas fiscales vascas. La vieja aspiración de los nacionalistas vascos y ahora también de todo el espectro parlamentario de Euskadi –incluidos populares y socialistas- parece que se afronta de manera definitiva.

Como no podía ser de otra manera, Cantabria se verá afectada, por mucho que alguno se empeñe en decir que nos encontramos ante una medida con pocos efectos prácticos y ante un debate más ideológico que técnico o por mucho que algún que otro histórico del socialismo cántabro llegue a asegurar que no sólo no va a salir perjudicada Cantabria sino que además el blindaje supondrá una ventaja.

Para que todos nos entendamos, el blindaje de la fiscalidad vasca supone que las normas que se dicten desde las instituciones de la comunidad vecina sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional y no como hasta ahora, por la jurisdicción contencioso-administrativa. Esto, que a alguno le parece meramente circunstancial tiene, sin embargo,  una importancia extraordinaria para el futuro de Cantabria hasta el punto que será necesario articular una vía de compensación que amortigüe los efectos de la medida. Nos explicamos.

En Euskadi existe un sistema fiscal propio consagrado en la Constitución Española. La base de ese sistema la marca el Concierto Económico mediante el cual las Juntas generales de las tres provincias o territorios históricos establecen y regulan los impuestos mediante unas disposiciones llamadas normas forales que tienen naturaleza reglamentaria. Es decir, en Cantabria y en el resto del Estado –salvo Navarra-, los tributos se regulan mediante leyes emanadas de las Cortes Generales o de los Parlamentos Autonómicos mientras que en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba tal regulación se realiza mediante las citadas normas forales. La diferencia es muy importante pues al considerarse estas como reglamentos, se pueden recurrir vía contencioso-administrativa, mientras que las leyes del Estado o Cantabria únicamente pueden ser enjuiciadas por el Tribunal Constitucional. Al alto tribunal no puede acudir cualquiera, como a la otra jurisdicción, por eso, a partir de la aprobación del blindaje, los colectivos, asociaciones empresariales, sindicatos o demás no podrán recurrir; sólo estarán legitimados el Parlamento y Gobierno autónomos amén de cincuenta diputados o senadores y el Defensor del Pueblo.

¿Qué supone esto?  Aunque habrá que esperar a ver lo que resulta, si se elevan a  rango de ley las normas fiscales establecidas por las diputaciones vascas, Cantabria no tendrá capacidad para presentar recursos ante el Constitucional, ya que las comunidades autónomas no pueden recurrir las leyes de otras autonomías. Cantabria sólo pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes del Estado que afectan a su propio ámbito autonómico pero no las leyes vascas. Con otro ejemplo el lector podrá hacerse una idea de lo que supone todo esto.

Imagínese que gobierna en el Estado y Cantabria el mismo partido y que en Euskadi se toma una medida fiscal de trascendencia para nuestra comunidad. Supóngase además que la Gobierno español le hace falta pactar con diputados del grupo vasco determinadas leyes y estos le piden a cambio del acuerdo que no se planteen recursos al Constitucional ante la medida fiscal tomada. ¿Cómo se creen ustedes que actuaría el gobierno autonómico de turno? La respuesta es obvia. Además, ya hay precedentes de presiones ejercidas para evitar  los recursos. Y no olvidemos la composición del Tribunal Constitucional, que también puede ser elegida a la carta o negociada dentro de un lote.

Pues bien, tal y como está la situación actual, cualquier colectivo empresarial, cualquier sindicato, podría recurrir esa medida, independientemente de que el gobierno autónomo transigiera obligado con la imposición de Moncloa. O sea, los empresarios cántabros tendrían potestad para personarse, por ejemplo, ante los incentivos fiscales que se originasen en Euskadi que supusieran una ventaja comparativa para las empresas con domicilio fiscal en la comunidad vecina frente a las domiciliadas en Cantabria. Y también hay precedentes. Sin embargo, si se aprueba el blindaje, el recurso sería imposible, los ciudadanos cántabros, las empresas y en general la clase trabajadora quedaría indefensa e inerme ante  el interés  político del momento. ¿Verdad que afecta? Evidentemente.  No es una cuestión técnica, es un asunto clave sobre el que además, pende la demagogia porque, no nos engañemos, prácticamente todos los gobiernos de la democracia han recibido la propuesta de blindar el sistema vasco y todos han traficado con él; además, quienes osaron recurrir las normas vascas se encontraron con la presión del Gobierno para echarse atrás. Y no conviene olvidar que, curiosamente, el chalaneo fue más incisivo precisamente con el PP. Así, en 1997 se produjo el primer intento de blindaje ante la necesidad que tenía el primer ejecutivo Aznar de aprobar los presupuestos con el apoyo del PNV. Negociaron y se aumentó la autonomía fiscal de las diputaciones vascas. Los socialistas, no se lo pierdan,  se abstuvieron argumentando que suponía avanzar hacia la desvertebración fiscal de España, según manifestaba el  entonces portavoz de Economía del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray. En 1999, el PP de nuevo se echó en brazos del PNV cuando este le ofrece un pacto de no agresión, la conocida como “paz fiscal”, por la que se retiraban los recursos presentados hasta ese momento y pendientes de resolución a cambio que las normas vascas no se comportaran de forma desleal. Y el gobierno Aznar retiró más de un centenar de recursos sin que la otra parte cumpliera su palabra al cien por cien.

Pues bien, ahora todo parece indicar que el blindaje del sistema fiscal vasco se va a producir de manera definitiva. El desarrollo del autogobierno vasco se culmina prácticamente con ese blindaje y es comprensible que se realice desde el punto de vista legal e institucional. Ahora hay un Gobierno dispuesto al acuerdo. Y habrá que actuar porque podrá gustar más o menos, pero la Constitución proclama el régimen fiscal vasco y ante ello nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a plantear la reforma de la Carta Magna. Habrá que tomar decisiones concretas; no valdrá con una declaración institucional, un mero acuerdo parlamentario o la firma de un manifiesto en Valladolid. Habrá que actuar directamente. Y sí, existe una manera concluyente,  constitucional, democrática y que se puede hacer desde Cantabria y para Cantabria; se trata de reformar el Estatuto y contemplar la corrección de los desequilibrios producidos en nuestra comunidad por los efectos derivados de nuestra situación limítrofe con territorios con competencias fiscales. Existen también antecedentes;  La Rioja lo contempla en su Estatuto y gracias a él, por ejemplo, recibió en 2001 más de veintiún millones de euros de compensación; ahora reclama otros veinticinco.

Es la hora de hacer política, de una vez por todas, con mayúsculas, sin corsés, sin  recelos absurdos, alejados de provincianismos desfasados. Somos una Comunidad Autónoma y tenemos el derecho y el deber de gestionar nuestro bienestar con todas las consecuencias. No valen excusas. Estamos en un tiempo político que marcará un antes y un después en el desarrollo del Estado autonómico y Cantabria tiene que plantear sus condiciones sin temor, sin complejo de inferioridad y con responsabilidad.

No valen excusas, el inexorable avance hacia el blindaje vasco debe servir para preparar el terreno de las compensaciones que debe tener Cantabria y no sirve con meras soluciones coyunturales. Tenemos la obligación de buscar una solución, no podemos quedarnos a observar lo que pasa, como algunos defienden, no podemos perder el tiempo en declaraciones o  en manifiestos que sólo llevan a perder tiempo. Es hora de legislar, reclamar. Se exige altura de miras, responsabilidad política. No vale recurrir a la cantinela de siempre para justificar la inacción política, que si no tenemos peso, que si somos pequeños en tamaño, que si somos como un barrio de Madrid…. El tamaño no importa; lo que verdaderamente importa es la altura política de nuestros representantes pero si, como hemos leído, hay que aplaudir, bendecir el blindaje sin más, minusvalorar el problema, firmar una mera declaración y no sentarse a plantear soluciones concretas me da que esa altura solo reflejará en el físico de alguno pero no en la capacidad de defensa de los intereses de Cantabria.