7 febrero 2011.

  "Silencio irresponsable en el debate autonómico". Junta Directiva de ADIC.

Recientemente, unas declaraciones del Sr. Aznar, previamente alimentadas por un informe de FAES, han abierto un debate por el que se ha colado cierto discurso involucionista. Aunque luego se han tratado de suavizar sus palabras, lo cierto es que ha sido con la boca pequeña y dejando un resquicio para alimentar un discurso tan irreflexivo como falso: que el Estado Autonómico es uno de los orígenes de la actual crisis, que España está en disolución, que el Estado es constitucionalmente fallido y que el modelo es inviable.
Creemos que, tras esas afirmaciones, se esconde un deseo de hacer desaparecer el mejor sistema de gestión territorial desde que en el siglo XVIII se articulase el Estado, exceptuando el breve marco constitucional de la II República. Con sus disfunciones, el actual modelo ha contribuido en la consecución de los mayores niveles de bienestar y convivencia, reconociendo la identidad de los pueblos al permitir su articulación jurídico-administrativa. Y además, ha conseguido redistribuir la riqueza, algo que el centralismo jamás había explorado condenando a determinadas regiones al subdesarrollo.
Es cierto que hay problemas que se deben evitar y arreglar. Pero también es cierto que esas disfunciones parten, en algunos casos, del mismo Estado. ¿Qué sentido tiene mantener servicios públicos decretados por el Estado y derivados después a las CC.AA? Por eso, el debate sobre cualquier reforma debe hacerse desde unos parámetros que no falseen la realidad. El problema guarda relación con la responsabilidad en el gasto y la eficiencia en la gestión.
Por ello, lo que hay que preguntarse es cómo se controla el exceso, cómo se mejora la cooperación y cómo se armonizan políticas. Y dado que es necesario exigir el cumplimiento de los parámetros de austeridad acordados por la UE, habrá que delimitar todo tipo de responsabilidades. En ese sentido, no todos hemos sido irresponsables. Los cántabros, que no hemos creado grandes organismos o corporaciones, no podemos ser paganos del despilfarro de muchos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar Telemadrid? Las televisiones autonómicas nacieron como herramienta de expresión y normalización de las realidades lingüísticas y culturales minoritarias del Estado ¿cómo puede tener televisión autonómica, pagada por todos, una provincia manchega que, por otra parte, no es otra cosa que el ejemplo más grotesco de los famosos Reinos de Taifas?. 229 millones de deuda. ¿Quién debe pagarla?
Por eso, que se diga ahora que el estado autonómico no tiene razón de ser o es insostenible, es directamente mentir para azuzar un debate a favor de la centralización y, en consecuencia, la involución. Y eso no es bueno porque, insistimos, desde los Decretos de Nueva Planta de Felipe V hasta 1978 el centralismo de base castellana ha sido absolutamente ineficaz e injusto, provocando desequilibrios y corruptelas.
Todo sistema de convivencia genera tensiones, pero el problema no es el modelo autonómico en sí, sino lo que en cada comunidad se hace. De ahí que, antes que anatematizar la estructura autonómica, quizás haya que plantearse otras cosas, como el mantenimiento de las diputaciones provinciales o el de una administración local infinitamente más desproporcionada y convertida, en ocasiones, en un gigantesco foco de corrupción.
Centremos pues el debate y hablemos claro. De ahí que algunos pidamos más seriedad en los representantes públicos y menos partidismo. Si se quiere volver al centralismo que se diga, como ha hecho Aznar. Pero si no es así, que también se hable; el silencio no puede dar pábulo a teorías involucionistas basadas en falsas premisas. Y esto último es lo que ha pasado en Cantabria, que muy poco o nada se ha dicho del asunto. Los correligionarios cántabros de Aznar han preferido callar en lugar de reafirmar su autoproclamada vinculación autonómica y cerrar así cualquier atisbo de duda sobre su compromiso con la Cantabria autónoma. Y a algunos, después de ese silencio, nos asaltan las dudas porque, además, hay múltiples indicios para calificar al PP cántabro como la avanzadilla del centralismo.
Hay que recordar que la entonces Alianza Popular, fue la última formación en asumir la autonomía, que rechazaron hasta 1982. Rigieron los destinos de Cantabria incorporando en puestos de responsabilidad a personas autodeclaradas contrarias a la autonomía y al propio estado autonómico. Estas aceptaron un autogobierno limitado y vergonzoso que fueron incapaces de gestionar para el sonrojo de todos. Sólo los pactos autonómicos y un gobierno de coalición, en 1998, posibilitaron que se normalizara, tímidamente, el autogobierno. Desde la oposición, en los últimos ocho años, han boicoteado su desarrollo mientras en otras comunidades, otros PP, han propiciado acuerdos para reformar estatutos. Aquí no sólo lo ha negado, no han tenido el más mínimo problema en ridiculizarlo.
Con este panorama, los silencios esconden complicidad. La Constitución de 1978 ha supuesto un avance extraordinario tanto en Cantabria como en España. Con sus tensiones y disfunciones, pero con muchos más aspectos positivos que cualquier otro capítulo de la historia de España. Su continuidad depende, en gran medida, del compromiso de la clase en política. Nunca de los silencios.