La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) reprueba y critica, de forma contundente, la actuación del Gobierno Central sobre la Ley de Cantabria que regula la prohibición del fracking en nuestra Comunidad Autónoma.

A juicio de ADIC, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre una Ley aprobada en el Parlamento de Cantabria, de forma unánime por la totalidad de los partidos políticos con representación, le parece un intrusismo en la soberanía de la cámara parlamentaria representativa de todos los cántabros.

La interposición por el Gobierno, del Sr. Rajoy, del recurso de inconstitucionalidad, tiene como consecuencia grave para los intereses de Cantabria, la suspensión automática de la ley autonómica cántabra contra el fracking.

Entre tanto, y aprovechando la situación de conflicto entre el Gobierno Central y el Gobierno de Cantabria, las empresas gasísticas siguen adelante con la solicitud de permisos para hacer fracking en Vega de Pas, San Pedro del Romeral o Valderredible, además de los pasos previos de los trabajos de sísmica en Besaya, Pas, Pisueña y Miera, el sondeo estratigráfico de San Martín de Toranzo, o los sondeos de Valdeprado del Río.

Desde ADIC se valoran muy positivamente la voluntad y las medidas antifracking del Parlamento de Cantabria, aunque está quedando patente que no son la garantía definitiva a la prohibición total al uso del método de extracción de gas mediante la fractura hidráulica.

La Asociación ADIC, vistos los últimos acontecimientos, hace un llamamiento a la movilización social como única manera de que, entre todos, paremos el fracking en Cantabria.

Además ADIC muestra su apoyo, de forma decidida, a las últimas actuaciones de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Que con la presentación de alegaciones a los sondeos, concentraciones y charlas informativas han logrado abrir el debate y concienciar a la sociedad de los peligros del fracking.