La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) invita a las Administraciones cántabras a presentar un conflicto de competencias con el Estado para frenar el fracking en Cantabria.
Además, desde ADIC, se demanda unidad de acción en Cantabria y en Madrid para frenar la técnica del fracking.

ADIC invita a las administraciones cántabras, tanto la autonómica como las entidades locales, a defender el territorio cántabro de la técnica del fracking empleando la legalidad y planteando un conflicto de competencias con el Estado. Según la organización cantabrista, la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley cántabra no da otra opción, por lo que reclama unidad de acción de todas las fuerzas políticas ante la alarma social generada e ir por una vez de la mano sociedad y clase política.

Para ADIC, con independencia de valorar o no la Ley derogada, la “extraña” prontitud de la sentencia obliga a movilizarse rápido. Algo debe haber detrás para que en sólo cinco meses se haya resuelto el recurso constitucional. Por ello pide, en primer lugar, y a modo de urgencia, que las competencias medioambientales locales y autonómicas en materia de administración y ordenación del territorio así como los ambientales, se apliquen con toda rigurosidad. Y en segundo lugar, que se refuerce el autogobierno para establecer medidas adicionales de protección medioambiental.
Y todo, según la organización cantabrista, desde una inequívoca sinceridad y unidad. No se puede repetir el patético espectáculo de los diputados cántabros en Madrid, a los que ADIC pide que pongan pie en pared para demostrar claramente que hay una oposición social al fracking.