Es habitual que nuestras autoridades ensalcen históricamente aquello que se acomoda a sus ideas y su moral, y anulen aquello que no coincide con su versión de la Historia, o con los intereses privativos del cargo que desempeñan. Cantabria no es ajena a esto, la ciudad de Santander, desde finales de la Edad Moderna, se ha creído con la autoridad de imponer su Historia al resto de la comunidad, su principal preocupación ha sido la de borrar de la Historia de nuestra comunidad las primeras iniciativas de articulación político-administrativa del territorio de la actual Cantabria, que tenían como única iniciativa el autogobierno, y reducir el topónimo de Cantabria exclusivamente al ámbito de la historiografía clásica, intentando imponer el topónimo de Santander a nuestra Comunidad. Por otro lado, muchos de nuestros gobernantes, desde sus inicios, nunca vieron posible nuestra Autonomía, otros nunca creyeron en la misma, y otros, a día de hoy, entre ellos intelectuales, consideran que nuestro autogobierno fue consecuencia de una concepción prefabricada de la democracia. Esto ha provocado que la Historia de Cantabria que el ciudadano de nuestra comunidad conoce, sea una Historia deslavada, individualista y ajena a él, desapegando a éste de su tierra y tradiciones. Y es que, un ciudadano sin Historia, es un ciudadano desarticulado y fácilmente manejable por las autoridades.
Hoy aquellos que nos gobiernan pretenden ocultar con una expresión propia de una perífrasis léxica, “Día de las Instituciones”, lo que históricamente fue la primera estructuración territorial, político-administrativa de autogestión y autogobierno, de lo que en su tiempo fue el Norte de la Provincia de Burgos, es decir, la actual Cantabria. Por lo tanto se hace necesario saber qué se esconde tras esta expresión que nadie sabe explicar.
La Historia nos cuenta que entre el Principado de Asturias y el Señorío de Vizcaya se encontraba un territorio que pertenecía a la provincia de Burgos; se trataba de un territorio desarticulado formado por múltiples entidades político-administrativas que se aglutinaban en cinco grupos: Las cuatro Villas de la Costa y la Provincia de los Nueve Valles; esta última, con sede en Puente San Miguel, asumió con mayor protagonismo, desde el siglo XVIII, la unificación territorial y político-administrativa de la actual Cantabria. Así en 1778 se logró la adhesión a los Nueve Valles de más de una treintena de jurisdicciones de todo el territorio cántabro. Todas ellas reunidas en la Casa de Juntas de Puente San Miguel el 28 de Julio de ese mismo año, redactaron unas nuevas Ordenanzas Generales, llamando a esta unión territorial Provincia de Cantabria; uniéndose a la misma, posteriormente, nuevas instituciones administrativas. La unión de la nueva Provincia de Cantabria fue aprobada por el Consejo de Castilla el 22 de noviembre de 1779. Es de destacar que, al contrario que otras jurisdicciones, creadas todas ellas como fruto de la iniciativa del poder central, Cantabria se constituyó por la iniciativa voluntaria de la vieja hidalguía rural de los valles y villas de la región. En aquel periodo, hace más de dos siglos, se forjaron los cimientos del autogobierno de Cantabria.
Por ello intentar disimular bajo el pseudónimo de “Día de las Instituciones” los hechos antes narrados, los inicios de la estructuración político-administrativa y territorial de Cantabria, es no creer en nuestra “Comunidad Histórica”, es no creer en que la obligación de las Instituciones cántabras es la de “defender y proteger los valores culturales del pueblo cántabro”, es ocultar a los ciudadanos su Historia.
Además en Santander surgió una burguesía mercantil, enriquecida gracias al comercio con las Indias, hecho que aprovechó Carlos IV para crear en 1799 la Provincia Marítima de Santander; los motivos que llevaron a crear dicha provincia fueron principalmente fiscales y económicos. Sin embargo la invasión napoleónica trastoco todas las iniciativas. Tras la retirada de los franceses, Fernando VII, en 1816, y como consecuencia de la perseverancia de la burguesía mercantil santanderina, que había establecido lazos económicos con la Corte, restauró la Provincia Marítima de Santander. Durante el trienio liberal se creó la Diputación provincial de Santander, y la provincia pasó a llamarse Provincia de Santander, sin embargo esta denominación resultó polémica, pues en 1821 la diputación provincial realizó una petición a las Cortes para que la provincia adoptase el nombre de Provincia de Cantabria. Pero el Consistorio de la Capital se enfrentó con la Diputación, defendiendo ante las Cortes la denominación de provincia de Santander, pues, a su juicio, para evitar confusiones, el nombre de la provincia tenía que corresponder con el de la capital; y así lo acordaron las Cortes. Nos encontramos ante la primera imposición histórica de la capital santanderina frente al resto de los territorios de Cantabria. Finalmente en 1833 fue aprobado el marco territorial que hoy observamos, sin apenas trasformaciones sobre lo ya establecido, perdiendo Cantabria algunos territorios en beneficio de otras provincias.
El último intento de enturbiar nuestra historia por parte del municipio de Santander, se da en 1963, en periodo franquista, en este año la Diputación provincial de Santander, instó a todos los ayuntamientos a que se pronunciaran sobre el cambio de nomenclatura de la Provincia, que pasaría a llamarse Provincia de Cantabria; dicha iniciativa contó con la oposición del Ayuntamiento de Santander, que se enfrento al resto, que por el contrario, sí apoyaron la iniciativa; esto provocó que la proposición fuera ignorada y la denominación de Cantabria fue reducida al ostracismo. El autogobierno que hoy disfrutamos los cántabros es fruto de los ciudadanos, que participaron a favor de la Autonomía en manifestaciones masivas a finales de los 70 e inicios de los 80 del siglo XX, algo que se les atragantó a los políticos de entonces que no creían en el autogobierno de la comunidad cántabra.