Debemos meditar la ubicación de la sede del Gobierno». Esta expresión era uno de los titulares que contenía este diario en su edición de fecha 10-11-02, en la entrevista efectuada al entonces Vicepresidente del Ejecutivo autonómico, hoy Presidente, Miguel Ángel Revilla, en la que sobre el polémico proyecto manifestaba que debemos mantener abierta la reflexión porque un error puede suponer hipotecar el futuro de Santander. Totalmente de acuerdo con la intención.

Como todos sabemos la pretendida nueva sede del Gobierno de Cantabria despertó una enorme crítica ciudadana mayoritariamente negativa, tanto por su diseño como por su ubicación, que convergió en la creación de un Movimiento Ciudadano de oposición al proyecto, donde la sociedad civil, debidamente articulada, salió de su silencio y supo reaccionar a tiempo hasta conseguir que los entonces gobernantes pospusieran su decisión al respecto.

El actual Gobierno paralizó el proyecto que puso en marcha el anterior Ejecutivo, donde ya se habían gastado con el dinero de todos en el faraónico sueño la nada despreciable cantidad de 1,7 millones de euros, por los conceptos de escoger el anteproyecto, organización del concurso, redacción del proyecto y seguimiento del mismo.

La visión del Gobierno PSOE-PRC en torno a las dependencias de la Administración es muy distinta a la mantenida por el PP-PRC, que era de centralizar en un solo edificio la mayor parte de las consejerías. La comisión creada al respecto ya ha dado algunos pasos importantes en este sentido, como es la de continuar con las obras del entonces sorpresivo 'edificio puente' en la calle Peña Herbosa, que con una superficie de 5.000 metros cuadrados construidos albergará la Consejería de Educación y cerca de 250 funcionarios, la ubicación de la Dirección General de Hacienda en 4 plantas en alquiler en el rehabilitado edificio Laínz, la adquisición del inmueble conocido como 'Palacio del Mueble' en la calle Alta con una superficie de 3.600 metros cuadrados y 3,6 millones de euros de coste, sin revelarse su uso; así como la decisión de ubicar en régimen de alquiler en 5 plantas del edificio de la calle Lealtad-Calderón de la Barca las dependencias de la Consejería de Medioambiente, donde antiguamente estaba la clínica Matorras.

Sin haber concluido los proyectos futuros para acabar con la gran dispersión de las más de 50 dependencias que dispone el Gobierno autonómico en Santander, la comisión, y el Ejecutivo después, debe tomar una decisión sobre el proyecto reformado de Rafael Moneo del edificio de Puertochico, que reduciendo en un tercio la volumetría del proyecto anterior, acogería las dependencias del Presidente del Gobierno y las consejerías de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio; Economía y Hacienda; y Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos. El singular edificio proyectado de 18.520 metros cuadrados en superficie, tiene un presupuesto inicial de ejecución de 40 millones de euros, excluyendo este costo, por tanto, los del proyecto, licencias y las necesarias dotaciones para su uso, motivo por el que no sería descabellada hablar de un costo final de 45 millones de euros, excluido el correspondiente valor del suelo al ser propiedad del promotor, teniendo una capacidad para albergar a unos 1.000 funcionarios.

Se trata, pues, de una decisión de enorme alcance, ante la cual necesariamente debemos preguntarnos ¿cuál es la resolución idónea para tan magno proyecto y así convertir esta decisión en oportunidad? En este sentido, si preguntáramos a un grupo de expertos, es muy probable que se diera un considerable consenso en torno a una serie de factores sobre los cuales tuviera que articularse esta respuesta: singularidad del edificio, mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios, calidad de los servicios públicos a los contribuyentes, dignidad del edificio para albergar a una institución como el Gobierno cántabro, emplazamiento cercano a zonas emblemáticas de la ciudad, volumetría ajustada al Plan de Ordenación Urbana, etc. Ahora bien, si hubiera que dar un paso más y pasar de las respuestas globales a seleccionar cuál debería ser uno de los ejes estratégicos por el que debe apostar Santander para afrontar los desafíos para mejorar el bienestar de sus ciudadanos, y por extensión la de todos los cántabros usuarios del magno inmueble. ¿Cuáles serían estas respuestas?

Muy probablemente el consenso anterior se disolvería en proporción similar al del número de expertos consultados. A pesar de ello, me atrevo a exponer que la accesibilidad de los funcionarios y usuarios, disponiendo de un sistema de transporte rápido, seguro y saludable; así como aprovechar la decisión para intervenir estratégicamente en espacios urbanos necesitados de una gran transformación es, a mi juicio, la gran apuesta que con visión estratégica Santander debería hacer, para lo cual el emplazamiento del magno inmueble para uso público proyectado para ser ubicado inicialmente en Puertochico, debe servir de oportunidad para el reto del transporte público y urbanismo imaginativo. No sin razón se ha dicho que las ciudades que no logren proporcionar un sistema de transporte sostenible ponen en peligro su propio futuro, ya que no podrán competir económicamente y serán menos atractivas como lugar de trabajo y de residencia.

Disponer de un sistema de transporte rápido, seguro y saludable constituye un aspecto esencial del bienestar de los ciudadanos. El transporte urbano dice mucho de una ciudad, y la calidad de vida de que disfruta su población, depende en gran medida de su red de transporte. Transporte y calidad de vida son conceptos cada vez más ligados, y Santander y su entorno urbano no pueden seguir soportando el problema creciente que padecemos de congestión del tráfico, pues el coche ha acabado con devorar la ciudad.

La elección de Puertochico para la ubicación de la proyectada sede, unido al hecho de la gran proximidad del edificio administrativo conocido como 'puente' en la calle Peña Herbosa, va a motivar que prácticamente en el mismo lugar van a tener su centro de trabajo 1.200 funcionarios, muchos de los cuales no residen en Santander, con el fin de prestar servicios públicos a miles de ciudadanos de todo Cantabria, no sólo de su capital en la que reside únicamente el 33% de la población de la Comunidad. Es decir, se impone una movilidad obligada a un lugar de empleo muy importante, que motivará en la gran mayoría de los casos atravesar gran parte del área metropolitana de la ciudad, con el consiguiente aumento de los desplazamientos motorizados en transporte privado, cuando la situación actual del tráfico es insostenible y asfixiante.

La elección de la ubicación del trascendental proyecto justifica plenamente el que se acometa un riguroso estudio de la localización óptima, donde se analicen aspectos tan importantes como las facilidades y tiempos de acceso para los ciudadanos y los funcionarios que trabajen en ella, pues hoy en día el valor del tiempo es una variable relevante como instrumento de política económica de transporte; la racionalización en el uso del transporte privado cuyos costes directos y sociales no dejan de incrementarse, los medios de transporte públicos disponibles en el área y los necesarios con motivo del incremento de su demanda, los efectos en el espacio urbano de influencia, la adecuación al modelo de desarrollo urbano que más conviene a Santander, la necesidad de crear nuevos focos urbanos claves en zonas que necesiten potenciarse, los costes de las transformaciones urbanas que serán precisas realizar por la sobrecarga de tráfico y afluencias peatonales, así como su efecto en la trama urbana; necesidades previsibles de reservas de suelo para futuras ampliaciones como consecuencia de asumirse nuevas competencias autonómicas; o la conveniencia de que un emblemático y costoso inmueble acoja grandes espacios de trabajo que no tienen contacto con el contribuyente o sacar éstos al extrarradio de la ciudad.

Como alternativa de la ubicación, el PSOE y técnicos cualificados propusieron el área de las estaciones ferroviarias tras su unificación, sin que hasta la fecha el actual Gobierno y el Ayuntamiento hayan facilitado detalle alguno sobre tan necesario proyecto, ni mucho menos de la posibilidad de incluir en el mismo la ubicación de la sede.

La ciudad precisa buscar una solución para desarrollar acertadamente la ordenación del espacio urbano entre la calle Alta y la bahía, el cual se encuentra atrapado entre los agresivos viales de entrada y salida principal a la ciudad, contando con la enorme barrera del tinglado ferroviario que se interpone; solventando las enormes carencias de servicios y zonas de uso comunitario existentes, lo cual pasa necesariamente por la ejecución de dos grandes actuaciones: la unificación de las estaciones ferroviarias de Renfe-FEVE y recuperar para la ciudad el frente marítimo que ocupan las naves de los muelles de Maliaño.

La unificación de las estaciones debiera ser uno de los objetivos prioritarios para los intereses de Santander, un proyecto ambicioso que contemple el soterramiento de la nueva estación resultante de la fusión, como se ha hecho o se va a acometer en varias ciudades españolas, mediante la creación de sociedades de capital público donde participan el Ministerio de Fomento, Gobierno Autonómico, Ayuntamiento y las compañías ferroviarias afectadas, contando para su financiación con Fondos Europeos (Feder), así como los recursos que se obtengan por la enajenación de parte del suelo ferroviario que se recalifique, al ser posible quedar liberado con motivo de las nuevas instalaciones ferroviarias. En nuestro caso el espacio liberado sería de 200.000 metros cuadrados, sin incluir la superficie que se supondría el lógico traslado de los talleres de Renfe en Cajo; lo que posibilita acoger, entre otros, un singular y céntrico edificio que albergue el resto de las consejerías que actualmente no tienen proyecto de ubicación definitiva, valorándose su cercanía con el Parlamento de Cantabria y con la consejería que vaya a ocupar el inmueble recientemente adquirido en la también calle Alta, al que nos hemos referido, además de disponer de reserva de espacio suficiente para futuras necesidades de espacio que conlleven nuevas competencias autonómicas.

Serían numerosos los beneficios que reportaría a la ciudad la ejecución de la actuación señalada que nadie cuestiona, resaltando únicamente las dos que vienen al caso del proyecto de la nueva sede del Gobierno. En primer lugar, el reforzamiento del transporte público, y en especial el uso del ferrocarril cuyas instalaciones actuales se racionalizarían y se validarían para la futura llegada del AVE, pudiéndose aumentar notablemente el carácter intermodal de la Plaza de las Estaciones, al poderse unir subterráneamente las estaciones soterradas de ferrocarril y autobuses, valorándose la próxima entrada en funcionamiento de una línea de comunicación con el cercano aeropuerto, así como la proximidad de la estación marítima.

En segundo lugar, esta opción implicaría la venta de los solares de Puertochico colindantes con la sede que acoge a la Presidencia, así como el inmueble adosado de la calle Juan de la Cosa para su rehabilitación, de gran valor ambos en el mercado inmobiliario, lo reportaría unos significativos recursos para el proyecto propuesto, lo que permite convertir esta decisión en oportunidad. El inmueble que fue antigua Diputación Provincial quedaría como sede de la Presidencia del Gobierno, tras el acondicionamiento y mejora estética, de forma que dispongamos en una zona emblemática de Santander de un edificio acorde con la institución del Gobierno cántabro que albergará, así como coherente con el entorno.

Santander está necesitada de planteamientos innovadores y con criterio a largo plazo para su modernización, y el Ejecutivo cántabro tiene la oportunidad de tomar una decisión meditada que ayude a la revitalización y regeneración urbana integral que se precisa en el área de las estaciones, lo que pasa también porque el Ayuntamiento esté decidido a apostar por una decisión similar, de forma que se inicie el debido diálogo entre ambas instituciones por el bien de Santander y toda Cantabria.