Uno de los debates más importantes e interesantes que se están produciendo en el contexto del Estado y que, con toda seguridad, marcará el devenir en el próximo curso político, es el de las reformas de los Estatutos de Autonomía. No es este un asunto menor, ni mucho menos, sino más bien el más trascendental de los vividos desde la promulgación de la Constitución de 1978, pues el debate próximamente acogerá, no sólo las pretensiones de autogobierno de las distintas comunidades sino que, incluirá en un todo también la reforma de la financiación autonómica y hasta de la propia Constitución; de esta manera quizás hay que empezar a hacer caso a los que denominan el nuevo período como una “segunda transición” respecto a este proceso que se inició tras la presentación del denominado “Plan Ibarretxe”.

            En este contexto Cantabria no debe quedar margen del debate por varios motivos;  independientemente de por jugarse nuestro futuro y bienestar y porque el actual marco estatutario nació cercenado y se ha desarrollado con muchas limitaciones, también porque Cantabria es parte integrante del Estado, porque es una Comunidad Autónoma, y por ser, sobre todo, un pueblo que está dispuesto a labrarse su futuro de forma autónoma y libre. El ambiente reformista que se respira actualmente incita a nuevos pasos, a asumir nuevos retos, a desarrollar por completo el proceso de descentralización, a dar una postura cántabra y desde Cantabria en la que no “caciqueen” los partidos de ámbito estatal al antojo de sus caprichos e intereses por mor de pactos autonómicos restrictivos. Cantabria debe colocarse en una posición de auténtica incidencia en el debate exigiendo y cediendo, aportando y acatando, en un equilibrio solidario y responsable con el resto de pueblos y comunidades del Estado.   

A nuestro juicio, el actual Estatuto de Autonomía de Cantabria es, insuficiente y precisa una reforma pero,  no sólo por sí misma, sino también por un entorno que obliga a buscar nuevas soluciones y nuevas ubicaciones ante el panorama que nos espera próximamente. Como cantabristas valoramos en su justa medida la reforma emprendida a finales de 1997 y que culminó en el llamado “Pacto de Carmona” donde los representantes del pueblo cántabro asumieron un nuevo jalón en nuestro autogobierno. Pero al igual que entonces valoramos positivo pero insuficiente el paso dado, ahora volvemos a insistir en la necesidad de reformar nuestra ley máxima para adecuarla a los nuevos tiempos y a los requerimientos de una sociedad que identifica cada vez más claramente autogobierno con bienestar  y que, en consecuencia, demanda más soberanía, más capacidad para asumir nuestra problemática y para buscar nuestras soluciones.

Los cántabros sabemos de sobra lo que ha significado y lo que quiere decir autogobierno. Desde los comienzos  titubeantes, el posterior desgobierno, descrédito y desconfianza que paralizaron el proceso autonómico de nuestra Comunidad, estancando nuestro crecimiento y propiciando una regresión económica, política y social,  hasta la normalización y posterior reanudación del camino autonómico, nuestro pueblo ha pasado por múltiples vicisitudes que le han hecho madurar y crecer. Fruto de ello fue el consensuado por la clase política -previa consulta a los distintos sectores sociales-  “Pacto de Carmona” que reformó nuestro Estatuto en 1998 y que, aun no colmando las expectativas de los sectores más cantabristas de nuestra sociedad y de los colectivos que en su práctica totalidad demandaron el máximo autogobierno en sus participaciones en la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento Cántabro, supuso un avance muy importante en nuestro autogobierno. Esa reforma, plasmada pero aún no ejecutada en su totalidad, trajo consigo una mayor implicación del cántabro con la construcción de la propia Cantabria, una mayor autoidentificación del cántabro con su tierra, mayores posibilidades para marcar nuestro propio destino como unidad económica, cultural y social; en definitiva, una mayor confianza en nuestro devenir como pueblo. Sin embargo, no se contemplaron asuntos necesarios e imprescindibles para recoger competencias e instrumentos que posibilitaran dotar a Cantabria de capacidad para resolver sus problemas, se trabajó bajo el influjo del acuerdo estatal entre socialistas y populares y se nos “vendió” la imagen de igualdad con otras comunidades, afirmación bastante alejada de la realidad.

Nosotros, como cantabristas, insistimos hoy en lo que propusimos hace ocho años en esa comisión parlamentaria y hace más de veinticinco años en la preautonomía. Cantabria necesita una Estatuto de Autonomía que sea una herramienta para aumentar el nivel competencial que posibilite un modelo de desarrollo socioeconómico, una comunidad más autogobernada, la consolidación y difusión de una conciencia de cantabridad solidaria y, por último, un Estatuto que garantice los servicios públicos inherentes al estado del bienestar y la conservación del medio ambiente ecológico. En esa línea se movió la sociedad cántabra hace ocho años cuando se expresó en el Parlamento. Hagámosla caso o convoquémosla de nuevo, llamando al consenso político y social y abriendo las puertas de la participación a la ciudadanía, para lograr así la mayor implicación posible de la sociedad con el desarrollo de su ley máxima. Nuestra asociación invita y anima al ejecutivo cántabro a iniciar los trabajos de reforma estatutaria, abriendo otra vez el debate al pueblo, a la sociedad, para que la clase política vaya de la mano con ésta en aspectos tan cruciales como la financiación, las reformas administrativas o la asunción de nuevas competencias, el Estatuto es de todos y para todos.

Sin embargo, el ambiente general de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas en torno a las reformas no se da entre la clase política mayoritaria de Cantabria. Salvo el presidente Revilla, que reconoce abiertamente la posibilidad de reforma del Estatuto para no ser menos que nadie -aunque tampoco ha dado la señal de salida para la reforma-, las declaraciones realizadas por nuestros principales  líderes políticos y, en su caso, el silencio, muestran a las claras la realidad de la situación. Así, las manifestaciones de la vicepresidenta Dolores Gorostiaga, no invitan precisamente a ser optimistas con respecto a la reforma. Una vez más, el camino del socialismo cántabro es opuesto al de sus compañeros vascos, catalanes, andaluces, gallegos o valencianos. Mientras en esas comunidades el PSOE es sinónimo de opción dinamizadora de las reformas, reconoce elementos diferenciales de carácter nacional o apoya el cambio en la financiación, en Cantabria, de nuevo,  se mantiene a la expectativa y ello a pesar de las intenciones plasmadas por los principales líderes socialistas en la “cumbre de Santillana”, donde se abría un nuevo proceso y se invitaba a todos los socialistas a ser parte activa de los procesos de reforma en un contexto de cambio en la financiación, en las relaciones interautonómicas y de las comunidades con el Estado. El socialismo cántabro, a diferencia de sus correligionarios, intuye un Estatuto válido cambiando lo justo en función de lo que se dicte desde Madrid, lo que no deja de ser alarmante pues demuestra, por una lado desconocimiento y sucursalismo y, por otro, falta de compromiso y dejación de responsabilidad.

 Por su parte, los “populares” en Cantabria todavía no han abierto la boca , lo que es muy sintomático. Los partidarios más acérrimos de la homogeneidad parece que se mantienen a la espera de lo que les dicten sus líderes también desde Madrid que si bien no aceptaron las reformas en un principio, si han empezado a “transigir” con estas al ver el proceso como inevitable. Muy probablemente los populares cántabros, empecinados en asentar su estrategia consistente en emponzoñar la vida política cántabra, aún no se han parado a pensar en la posible reforma estatutaria.

Es hora de la política. El futuro, el modelo de Estado, la financiación ..... todo está ahí esperando respuestas. Confiemos que tras el debate parlamentario sobre el estado general de Cantabria comiencen a asumirse compromisos porque los cántabros no podemos dejar pasar por alto la parada del tren de las reformas autonómicas y no debemos subirnos a él invitados, con el billete pagado por otros. El tique lo debemos solicitar y pagar nosotros mismos, con nuestros medios, nuestros recursos, pidiendo por destino donde queramos llegar y no lo que nos impongan, nos presten o nos aconsejen, siempre en un contexto de solidaridad, colaboración, cohesión y responsabilidad.