Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura. Es el listado de las Comunidades Autónomas que han dado pie en los últimos tiempos a reformas en sus estatutos de autonomía; en todas ellas se ha presentado ya un proyecto en el Congreso de los Diputados, se han convocado las correspondientes comisiones parlamentarias de estudio, se han propuesto ponencias, se ha convocado a un comité de notables o se ha presentado alguna iniciativa parlamentaria para reformar su respectivo Estatuto de Autonomía. Son en total quince las Comunidades que han puesto en marcha en mayor o menor nivel, con más o menos publicidad, su reforma estatutaria. Faltan dos para completar el mapa autonómico estatal: Madrid y Cantabria.

En lo que se refiere a la comunidad madrileña, su presidenta ha declarado en numerosas ocasiones que su intención es reformar su Estatuto en un único aspecto, la modificación del sistema electoral para dividir la circunscripción en diez demarcaciones.

Por lo que respecta a Cantabria, los partidos con representación parlamentaria han realizado numerosas declaraciones donde han puesto de manifiesto sus verdaderas intenciones. Por un lado, los populares y socialistas coinciden en considerar que la reforma no es prioritaria y que incluso no favorecería los intereses de Cantabria, pero que, en caso de generalización del proceso de reformas, habría que tomar partido para que nuestro autogobierno se equiparase al de otras Comunidades. Por otro, los regionalistas afirman que la reforma tampoco es prioritaria pero que sí hay que comenzar a trabajar sobre ella porque el contexto actual exige tomar parte activa en el proceso, planteando incluso la convocatoria de un grupo de expertos.

Son estos planteamientos los que exigen que el cántabro de a pie se pare a reflexionar y compare; ¿qué ocurre en Cantabria para que los partidos estatales ni siquiera se planteen la reforma mientras en otros territorios las promueven e incentivan incluso con actitudes beligerantes? Desde nuestro punto de vista la respuesta es obvia: el inmovilismo y la falta de compromiso con Cantabria, seña de identidad de populares y socialistas cántabros desde la transición política, hacen que la política que ambas opciones practiquen en nuestra Comunidad sea la del sucursalismo, la del entreguismo al dictado de otros centros de decisión que exigen disciplina y silencio. Ello les impide llevar a la práctica políticas autónomas lo que, en algunos casos, deviene en contradicción con el discurso de sus correligionarios de otras latitudes.

La derecha cántabra, históricamente en contra incluso de la configuración de Cantabria como entidad autónoma, no plantea nada -evidencia absoluta de su reivindicación-, tan sólo agotar el actual texto para pasar luego a un nuevo estadio. No debiera sorprender, por consiguiente, su planteamiento pero se contradice y choca frontalmente con su propio discurso cuando saca pecho para de defender la Constitución y el Estado autonómico. Esa derecha a veces trasmontana y poco amiga de aceptar la descentralización del poder salvo por cuestiones meramente administrativas, mantiene en realidad una postura uniforme y monolítica, la de una gestión al estilo de las diputaciones provinciales que impide cualquier atisbo de modificación estatutaria, en claro contrasentido con el discurso mucho más constitucionalista de otras comunidades. Porque ese mismo PP que proclama homogeneidad en el discurso, abandera el proceso de reformas en Castilla y León, La Rioja, Valencia, Murcia o Baleares, y es parte muy activa de los debates en Galicia, Cataluña, Aragón, Canarias o Andalucía, mostrando a veces una apuesta decidida y clara por el consenso y por la profundización en el autogobierno, como es el caso de la Comunidad Valenciana.

Pero aún es más difícil de entender el caso de los socialistas que, reconociendo incluso el carácter nacional de otros territorios, niegan siquiera en Cantabria el debate identitario; mientras promueven la reforma en el sistema de financiación, en nuestra Comunidad ni se planteen reformar el Estatuto para reforzar, por ejemplo, las singularidades que lastran la financiación cántabra, como la dispersión y la comparación entre el censo real y flotante de nuestra población, la orografía...; mientras exigen y plantean reforzar y aumentar el autogobierno de determinadas Comunidades, aquí niegan el debate para ver la conveniencia o no de asumir determinadas competencias y se definen como adalides de la descentralización. Eso sí, asumen una pseudo reforma para introducir derechos que son innatos en nuestro sistema constitucional, cuando niegan la búsqueda de otros aspectos susceptibles de mejorar nuestro bienestar.

Por eso calificamos a estos partidos como inmovilistas, contradictorios y carentes de compromiso con Cantabria, porque aparte de lo ya indicado, saben que nuestro autogobierno no sólo puede dar más de sí, sino que debe hacerlo. Nuestra Comunidad dio un salto cualitativo importante tras el pacto de Carmona que derivó en la reforma estatutaria de 1998, superando un insultante Estatuto; pero fue un paso insuficiente porque no permitió que el propio pueblo cántabro marcase su calendario para profundizar en el autogobierno, no dotó a Cantabria de los mecanismos necesarios, institucionales y competenciales, para generar prácticas y políticas autónomas. Incluso las reformas posteriores en Asturias, Baleares o Castilla y León mostraron las limitaciones de una reforma que en esas comunidades sí fue más amplia. Los hechos demuestran que ahora, de nuevo, al asumir las competencias de Justicia, del Fondo de Garantía Agraria o Instituto Social de la Marina, el nuestro deberá volver a revisarse.

¿Volveremos a esperar a ver qué nos da Madrid, a ver qué pacto autonómico se firma para limitar nuestras inquietudes como pueblo? Cantabria necesita que de una vez se tome la iniciativa sin esperar a escuchar lo que plantea el Estado; Cantabria debe negociar su autogobierno poniendo sobre la mesa sus necesidades sin anclajes interesados; Cantabria necesita políticos valientes y comprometidos que salvaguarden los intereses generales de nuestro pueblo; Cantabria necesita aportar sus inquietudes al debate general del Estado porque es parte integrante del mismo, porque es un actor de hecho y no un invitado a la obra que representa la propia modificación de la estructura del Estado; Cantabria necesita abrir foros de debate para encontrar las claves de un futuro en el que el propio cántabro se identifique con su territorio, como miembro activo en la construcción de su porvenir; Cantabria necesita saber que no tiene por qué ir a remolque de nadie, sino del destino marcado por ella misma.

La generalización de las reformas estatutarias está contrastada y demostrada. Quince Comunidades han comenzado sus trabajos en mayor o menor medida. Lo que pedían socialistas y populares cántabros se ha producido: el debate está abierto y ampliamente generalizado. En teoría no debe haber ninguna traba para reabrir la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de nuestro Parlamento. ¿Qué excusa se inventarán ahora? ¿Que ocurre en Cantabria para que los partidos estatales ni siquiera se planteen la reforma mientras en otros territorios la promueven e incentivan incluso con actitudes beligerantes?.