Un total de 27 alegaciones se han presentado a las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), aprobadas por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) el pasado 21 de julio, tras el trámite de dos meses de información pública.

De estas reclamaciones, según informó a este periódico el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, 14 proceden de los ayuntamientos. El resto son de colegios profesionales, Federación de Municipios, asociaciones, Delegación del Gobierno y particulares. En estos momentos, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo está procediendo al análisis pormenorizado de cada una de las alegaciones presentadas. «Se pretende con ello», precisó Mediavilla, «efectuar las correcciones y mejoras que sean pertinentes para alcanzar una mayor eficacia y coherencia en el texto» que, finalmente, se aprobará por decreto del Gobierno autónomo.

En cuanto al contenido de las reclamaciones, las de particulares hacen especial hincapié en los usos y construcciones autorizables en suelo rústico. El otro bloque plantea distintas cuestiones, centradas en la eficacia de las normas en general y, en particular, del título I que contiene normas de directa aplicación.

También se hace referencia a la corrección de definiciones y otros aspectos técnicos, sobre todo, los contenidos en el título II (condiciones de la edificación) y en el título III (condiciones de los usos). En algunos casos se proponen redacciones alternativas al articulado inicialmente aprobado.

Otro apartado de las alegaciones incide en el estudio y análisis del suelo rústico y la incidencia de la regulación contenida en el texto respecto a los usos permitidos y autorizables en los municipios, ya cuenten con planeamiento o no. Todas las alegaciones presentadas, aclaró el consejero, serán contestadas por escrito desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, «atendiendo a criterios de legalidad y de coherencia normativa, procediéndose, en su caso, a las pertinentes correcciones» en el texto inicialmente aprobado.

DE DÓNDE PROCEDEN

14 son de ayuntamientos: Rasines, Luena, Cillorigo de Liébana, Peñarrubia, Vega de Pas, Valdáliga, Laredo, Ribamontán al Monte, Santa Cruz de Bezana, Udías, Entrambasaguas, Escalante, Ramales y Santander. 5 de colegios profesionales: Colegio Oficial de Arquitectos, de Ingenieros Agrónomos, de Arquitectos Técnicos, de Geógrafos y de Ingenieros de Caminos. 1: Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC). 1: Federación de Municipios de Cantabria (FMC). 1: Delegación del Gobierno en Cantabria. 5: Diversos particulares.

Trámites

Esta es, agregó, «la finalidad que persigue la tramitación de las NUR como instrumento de planeamiento territorial y, en especial, lo que persigue el trámite de información pública». Se incorporarán todas aquellas determinaciones que permitan aprobar un texto «que cumpla con las funciones y objetivos que se espera de estas Normas Urbanísticas Regionales de conformidad con el marco normativo de la Ley del Suelo de Cantabria», dijo.

La tramitación que resta por efectuar consiste en primer lugar en la obtención de aquellos informes sectoriales que deban emitirse con carácter previo a la aprobación provisional del documento, tales como la estimación de impacto ambiental. Seguidamente la Consejería de Presidencia emitirá un informe acerca de las alegaciones efectuadas en el trámite de información pública, seguirá la aprobación provisional del documento por la Crotu y, finalmente, la aprobación definitiva por decreto del Gobierno de Cantabria.

Esta aprobación definitiva requiere la obtención de todos aquellos informes sectoriales que sean preceptivos de acuerdo con la legalidad vigente.

Una vez aprobadas por decreto del Gobierno regional, las Normas Urbanísticas Regionales se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y una copia de las mismas se enviará a todos los ayuntamientos, a los colegios profesionales afectados y a la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma.

Las Normas Urbanísticas se sometieron a información pública al objeto de que cualquier persona física o jurídica pudiera formular alegaciones. Se dio audiencia singularizada a la Administración General del Estado, a la Federación de Municipios, a los 102 ayuntamientos y a los colegios profesionales.